La reclamación de daños por la suspensión de la obra del bulevar de Gamonal llegará un año después de que las máquinas entraran a la calle Vitoria, donde apenas pudieron trabajar unos días antes de que su ejecución fuera impedida por la ‘toma’ popular de la ‘zona cero’. Mucho se habló entonces, a raíz de la capitulación de Lacalle, sobre presuntos y oscuros acuerdos para evitar que las adjudicatarias, Copsa y Aroasa, ejercieran el derecho que les otorga la Ley a reclamar una indemnización por lo que, al menos a priori, constituiría un incumplimiento unilateral del contrato por parte del Ayuntamiento. Pues no se hagan líos. No hay acuerdo y sí habrá reclamación.
Por la parte que toca al Ayuntamiento ha habido un cambio de posición que se va a plasmar en los presupuestos del próximo año. Tras el estallido de los disturbios de enero, resultó imposible ejecutar los trabajos al ser arruinado el perímetro de seguridad, que fue suplantado por grupos organizados que impedían la entrada de los obreros. En esas condiciones no es que resultara imposible trabajar, es que, directamente, era ilegal.
Así se lo comunicó la UTE al Ayuntamiento, cuya respuesta fue el requerimiento de un escrito ‘oficial’ en el que Copsa y Aroasa (Arranz Acinas) manifestaran su negativa a continuar la ejecución. Eso supondría un parapeto legal importante para la administración, que ante una futurible reclamación de daños podría esgrimir un documento en el que las empresas firmaran una suerte de renuncia. Pero eso no ocurrió.
La UTE hiló fino y se limitó a pintar la realidad: sin seguridad no hay obra porque es ilegal, y no les compete a ellos garantizar el orden público y evitar el vandalismo. Así se cayó la coraza municipal ante una indemnización. ¿Qué quedaba? Pues asumir que, atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público, habrá que pagar. Lo que se ventila ahora es cuánto.
Desde el Ayuntamiento. Parte de la respuesta está en el borrador presupuestario. Las fuentes municipales conocedoras del asunto señalan que en el capítulo de Fomento para 2015 habrá una cantidad superior a los 300.000 euros para afrontar la indemnización. ¿Por qué? La obra que afectaba estrictamente a la superficie se licitó en 8,5 millones y se adjudicó en 7.893.234 euros. Al margen queda, al menos en la versión municipal, la inversión de cinco millones en el párking subterráneo previsto, ya que «el equilibrio económico de esa operación dependía de la capacidad de comercialización de las empresas, pero no de las aportaciones municipales», defienden las mismas fuentes.
Es decir, que Fomento responde únicamente de la parte de urbanización, dejando al margen el párking. De esos casi 7,9 millones se han ejecutado 1,5, según se desprende de las certificaciones que el Ayuntamiento ha ido abonando por las obras de inicio y reparado de la zona cero, la ejecución de la rotonda en la intersección de la calle Vitoria con Esteban Sáez de Alvarado y la restauración de la calle Doña Constanza, piezas que formaban parte del todo y que fueron ‘indultadas’ al no afectar a la cuestión crucial de la polémica: el aparcamiento en superficie.
Así, en el uno de Plaza Mayor entienden que cualquier reclamación que pudiera efectuarse deberá ceñirse a una obra no ejecutada de 6,4 millones. Y a partir de aquí entran en juego la Ley, en primer término, y las negociaciones que se abran, después. La Ley de Contratos del Sector Público estipula que a las empresas les corresponde un 6% de la obra no ejecutada, pero computando únicamente el presupuesto de ejecución material (lo que implica restar un 21% de IVA y un 19% de gastos generales y beneficio industrial).
En el Ayuntamiento están dispuestos a indemnizar con el 3%, pero de todo, unos 190.000 euros. A eso sumarían obras ejecutadas en un colector y alguna unidad residual más, alcanzando una cifra ya presupuestada superior a los 300.000 euros. Esa, y no otra, será la oferta: olvidarse del párking, pagar el 3% del total (que viene a ser un 4% del presupuesto de ejecución material), un apretón de manos y aquí paz y después gloria. O lo que sea.
Pero en el otro lado están las empresas, y su intención, en previsión de que se pueda abrir una guerra judicial, no es otra que la de aplicar a rajatabla lo que dice la Ley. «Está pendiente la recepción de la obra de Doña Constanza. Una vez que se recepcione procederemos a pedir la resolución del contrato de las obras suspendidas e iniciaremos el expediente de reclamación de daños, algo que podría estar terminado en enero», explican fuentes de Copsa.
Desde la empresa. Por lo que respecta a la cuantía, se limitan a comentar que «se está terminando de valorar» por parte de sus servicios jurídicos, pero ya avanzan que «se hará según Ley: el 6% del presupuesto de ejecución material». Así que únicamente quedaría, antes de echar cuentas, saber si el párking va a entrar en la reclamación o no. Y la contestación es meridiana. «El párking es una obra que estaba en contrato y vamos a pedir la reclamación en los mismos términos, lo que marca la Ley», subrayan.
El cálculo de la empresa, por tanto, es claro. La aplicación estricta de la Ley es un 6% de la obra no ejecutada sin incluir el IVA, el beneficio industrial y los gastos generales. Es decir, el 6 por ciento de un total de 4,1 millones: 250.000 euros, en cifras redondas. En el caso del párking (el presupuesto inicial era de cinco millones), serían 180.000 euros, por lo que la reclamación en la que trabaja Copsa se mueve en el entorno de 430.000 euros.
Porcentualmente, la diferencia es notable pero, reducido a dinero, ambas partes podrían estar discutiendo una cantidad muy aproximada a los 100.000 euros. Lo que tendrá que estudiar el Ayuntamiento es si una guerra judicial los vale o no, teniendo en frente una legislación que no admite demasiadas interpretaciones.