El Partido Popular volvió a rechazar ayer una vez más la convocatoria el próximo año de nuevas ayudas a la reindustrialización para el entorno de Garoña. Lo hacía en el pleno del Senado, en que se debatieron de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y se votó una enmienda del Grupo Socialista que reclamaba 25 millones de euros para el entorno de Garoña al Ministerio de Industria. Cuando el cese de actividad de la central nuclear parece inminente, si el pleno del Senado aprueba hoy la nueva Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el senador socialista, Ander Gil, señalaba ayer que, «si antes no había un minuto que perder, ahora es perentoria una alternativa, porque el cierre va a tener un efecto económico demoledor en la comarca».
Solo una o varias enmiendas transaccionales del PP a la nueva ley podrían hacer variar en algún sentido su contenido y rebajar los nuevos impuestos que ahora hacen inviable económicamente la continuidad de la central. En la tarde de ayer, no había presentado ninguna, lo que hace pensar que en nada cambiará una normativa que obligaría a Garoña a desembolsar 153 millones de euros por la producción de combustible nuclear gastado y cada año un 7% de sus ingresos.
Ante el más que posible cese definitivo de la actividad de la central, «la aspiración política del PSOE es un nuevo Plan Garoña, pero entendemos que con la coyuntura económica actual no podemos aspirar a ello, por lo que lo mínimo es un Plan de Reindustrialización», señaló Gil. El Gobierno socialista convocó estas ayudas en 2010 y 2011, pero el PP las suspendió en 2012 con el argumento de que se iban a poner las bases para que la planta funcionara hasta 2019. Para el senador socialista por Burgos, «el argumento del PP de que la central iba a seguir nunca ha sido cierto, porque ya sabían su problema de déficit tarifario y que para reducirlo había que modificar en profundidad la ley o aumentar los impuestos, lo que iba a perjudicar a las eléctricas».
Explicaciones serias
Mientras, el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, apeló ayer a la «seriedad, rigor, responsabilidad y claridad» de Nuclenor sobre la postura que se vaya a adoptar en las próximas «horas o días» sobre Garoña. En la entrega del XI Premio Familia Empresaria de Castilla y León, pidió a Nuclenor «transparencia y capacidad de diálogo para resolver las diferencias que existan con el Gobierno de España y adoptar una decisión que sea la que se merece la sociedad». El consejero aseguró que la Junta «desea» que Nuclenor solicite una prórroga hasta 2019, pero que «si su deseo es no solicitarla, creo que tiene una responsabilidad frente a la sociedad de explicarlo detenidamente».
En la misma línea, alegó que no considera que «sea causa suficiente lo que se oye todos los días de que si una enmienda, unos impuestos…», ya que en este caso se trata de «multinacionales que tienen capacidad suficiente para dialogar con los gobiernos y establecer los mecanismos para que sean viables los proyectos».