La Comisión de Hacienda informó ayer de la decisión de cobrar a la sociedad municipal de Aguas un canon anual de 2,6 millones de euros en concepto de uso de los bienes que le fueron transmitidos (toda la infraestructura) tras desvincular su funcionamiento del Ayuntamiento.
El titular del área, Salvador de Foronda, explicó que hay numerosa legislación que acredita que a ninguna sociedad mercantil, por mucho que su capital sea íntegramente público, se le pueden adscribir bienes de forma gratuita. Además, De Foronda aseguró que el Ayuntamiento no se ‘comerá’ el beneficio de Aguas, ya que se trata de «un beneficio fiscal, y no contable», circunstancia que está recogida en la legalidad vigente. «No es una decisión política, sino para cumplir con la legalidad vigente. Se trata de imponer algo para arreglar lo que en su día no se hizo bien, de poner las cosas en orden», defendió el titular de la Hacienda local.
las antípodas. Pero esas explicaciones no convencieron a la oposición. La concejala socialista Carmen Hernando corrigió que «de ninguna manera los dos informes técnicos» a los que alude el PP para imponer la tasa «hablan de obligación, sino de que las concesiones demaniales podrán ser gratuitas y de que es una opción perfectamente establecida en Derecho». Por tanto, los informes (uno elaborado por la Vicesecretaría y otro por el Tribunal Económico Administrativo), «no dicen que sea obligatorio el canon». «Es una decisión política en la que además no han pedido informe al técnico de Patrimonio, que es quien debería haberlo hecho, porque saben que es contrario al cobro del canon», continuó la edil socialista.
Además, echó la cuenta de todo lo que Aguas deberá pagar al Ayuntamiento a lo largo de 2013, y el resultado no es pequeño. Así, al referido canon de 2,6 millones sumó la tasa de ocupación del subsuelo (cerca de 300.000 euros al año) con carácter retroactivo (hasta 2011) y los 936.000 euros que se están cobrando durante diez años a Aguas al imputarle el coste financiero de las inversiones que se sufragaron con créditos mientras fue parte del Ayuntamiento. «En total, 4,3 millones de euros que se van a sacar de Aguas para usarlos en lo que ellos quieran y que va a salir de lo que pagamos todos a través de la tasa».
«inmoral». En términos parecidos se manifestó el concejal de IU, Raúl Salinero, para quien la medida «no tiene fundamento jurídico». Para el edil de la coalición, este canon y el resto de medidas complementarias sí tendrá un impacto directo sobre la tasa (el precio) del agua. Sobre este particular De Foronda contestó que él no forma parte del consejo de administración de la sociedad, que preside Carolina Blasco, pero Salinero sí afirma que «imponer el canon supondrá dos subidas: una derivada del propio canon y otra que justifique que existe un beneficio económico relevante que legitime la existencia del mismo».
Al igual que hiciera el PSOE, en IU creen que «el procedimiento utilizado por el equipo de Gobierno está viciado», ya que «se excluye a algunas secciones competentes en la materia, como ocurre con la sección de Patrimonio», una situación que ha sido «denunciada» por el propio técnico de la referida sección al que sí se le pidió que informara sobre la fórmula para aplicar el canon, pero no sobre la conveniencia jurídica de implantarlo.
Bajo esos argumentos, Salinero tilda de «repago» una medida que «pretende que los burgaleses paguen por algo que ya es suyo y que han ido sufragando en cada uno de sus recibos». Detrás, culmina IU, está «una deuda a la que el equipo de Gobierno se ve incapaz de hacer frente».