La ‘adjudicación virtual’ a Telefónica del contrato de telefonía móvil del Ayuntamiento de Burgos, que salió a licitación con un presupuesto cercano a los 500.000 euros anuales por un plazo de dos años y con la posibilidad de una prórroga de otros dos, ha levantado ampollas en el seno de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos.
Ayer, y en vísperas de que el exconcejal Eduardo Villanueva, al que el conocido como ‘caso factura’ le costó la dimisión por imposición de su propio Partido, declare como imputado para esclarecer su presunta responsabilidad en los hechos, la concejala socialista Carmen Hernando hizo la valoración de su grupo sobre ‘las consecuencias’ del peculiar acontecimiento.
Ha sido el hecho de que Telefónica haya sido la única compañía que ha presentado oferta lo que hace pensar al principal grupo de la oposición que ambas cuestiones podrían estar vinculadas. El relato temporal que hizo Hernando es el que sigue: «Telefónica siempre ha tenido el contrato a dedo porque nunca hubo concurso. En mayo de 2011 facturó 128.000 euros (la mayoría como consecuencia del uso de los duplicados) y las facturas fueron al cajón hasta que Telefónica la reclama el 27 de junio de 2012, algo que hace porque está demostrado que la compañía facturó bien y nunca cometió un error. Villanueva dimitió a finales de octubre y el 8 de noviembre el Ayuntamiento sacó el concurso».
Apenas unos días después de la convocatoria, el 16 de noviembre, la compañía decidió devolver el dinero que se había pagado desde el Ayuntamiento a cuenta de aquellas facturas «y además se niega a dar datos sobre el uso de esta línea». Así las cosas, Hernando considera que «todos los ciudadanos saben perfectamente lo que Telefónica ha obtenido a cambio» de perdonar aquellas facturas y devolver el dinero que antes había reclamado.
Como contraposición a este hecho, la concejala responsable en el PSOE del área de Hacienda explicó que «al concurso convocado por la Diputación, que es de una cuantía menor que el del Ayuntamiento, sí se han presentado otras tres empresas». La comparativa es prueba, consideró, de que «las empresas no han querido perder el tiempo en el caso del Ayuntamiento porque, ¿quién no querría un contrato de 482.000 euros al año?». Por último, valoró que esta circunstancia «la pagan los ciudadanos porque sin competencia los precios son más altos».