Dirección y empleados de Campofrío coincidieron ayer en reclamar urgentemente a todas las Administraciones Públicas un esfuerzo para intentar mejorar con subvenciones las condiciones económicas del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al que se ven abocados por el incendio catastrófico de la planta de La Bureba. La empresa sostiene esta petición en la promesa firme de que no van a extinguir ningún contrato (la ley lo permite en causas de fuerza mayor como la actual), y porque volverán a invertir en la construcción de una nueva fábrica en Burgos, en el menor plazo de tiempo posible y con el objetivo de que sea «la mejor del Grupo en Europa» como prometió el presidente, Pedro Ballvé. La plantilla, por su parte, necesita este apoyo público porque la realidad laboral y personal de los trabajadores afectados es muy diversa y compleja -en edades, tiempos de cotización, tipos de contratos, etc.- a la hora de enfrentarse al desempleo hasta 2016.
A la espera de la negociación y el inicio de la tramitación, que comienzan hoy con una reunión entre dirección y comité de empresa que se celebrará a partir de las diez de la mañana en la sede de Carnes Selectas, el ERTE por causas de fuerza mayor podría afectar a alrededor de 840 trabajadores de la planta destruida, por un periodo de tiempo acotado entre el inicio del incendio (el domingo 16) y el arranque de la actividad de la nueva fábrica, que se ha situado a mediados de 2016.
En el expediente no estarían incluidos, en principio, los 50 empleados de Jamones Burgaleses, la planta anexa a la de La Bureba, que con 1,2 millones de jamones almacenados se ha salvado de las llamas y en la que ayer se estaba trabajando -mediante la reactivación de la cogeneración o la instalación de grupos eléctricos autónomos- para retomar la actividad.
Tampoco afectaría a los empleados que se recoloquen en los otros centros de trabajo de Campofrío en Burgos -Carnes Selectas y el Almacén de Productos Terminados de Villafría- y en la geografía española (se habló de Madrid, Valencia y la fábrica de pizzas de Ólvega). Incluso hay posibilidad de recolocaciones en las plantas europeas...
El director general de Campofrío en España, Ignacio González, que abrió ayer la asamblea multitudinaria que acogió el auditorio del Fórum Evolución, subrayó especialmente en su intervención que «tenemos que exigir la mejora de condiciones de esta suspensión temporal forzosa». «No puede ser -añadió- que haya subvenciones por la extinción de contratos y que no haya subvenciones por el mantenimiento de los puestos de trabajo» como es su caso. «La empresa está haciendo un esfuerzo y necesitamos que las Administraciones nos ayuden en estos tiempos de crisis».
En esta idea coincidieron los integrantes de los comités de Campofrío y Carnes Selectas, presididos por Hilario Sancho y Marco Antonio Pérez, respectivamente, y el representante del comité europeo del grupo, Pablo Dionisio Fraile, que exigieron que además de las prestaciones por desempleo que contempla el ERTE, la empresa y las diferentes administraciones con las que se está negociando «aporten un complemento que permitan mantener nuestro poder adquisitivo y para que suframos lo más mínimo posible antes de que la fábrica sea una realidad», apostilló.
Los afectados por el expediente irán inmediatamente al paro una vez sea aprobado y si han cotizado más de 6 años tendrá derecho a 24 meses de desempleo, cobrando en los seis primeros el 70% de la base reguladora de los últimos 180 días y en los 18 meses restantes el 50%. El complemento solicitado cubriría, al menos, el 30% restante del primer semestre de desempleo y el 50% del resto.
Debe implicar a «todos». En el turno de preguntas quedó claro que los trabajadores quieren afrontar esta desgracia con «unidad» y apoyando a la dirección en su proyecto de recuperar su actividad productiva y su empleo en Burgos. Esta exigencia implica a «todos» los trabajadores y ahí la cifra se eleva por encima del millar (se habló de hasta 1.500),si se tienen en cuenta los varios centenares que trabajan en numerosas empresas auxiliares también involucradas en el incendio. A éstos -personal de limpieza, informáticos, embalajes, transportistas, guías de visitantes...- no les afectaría el ERTE ni las condiciones en las que se negocien, pero también corren un alto riesgo de quedar en el paro y ser despedidos porque ya no hay empresa a la que atender ni tampoco, por ahora, un compromiso de que lo harán con la futura planta. El temor a quedar aislados y desprotegidos era latente entre muchos de los asistentes al Fórum.
En el «todos» también se incluyen los empleados de la cárnica con más de 50 años, aquellos que como Marisa, Jesús o Merche (que ayer expusieron su situación a los compañeros) llevan más de 30 o 40 años en Campofrío, y para los que este paro forzoso coincide en el momento más estratégico de su cotización para jubilarse «no se sabe si a los 63, 65 o los 67 años». Para colmo, contó Merche entre lágrimas, personas como ella tienen el miedo de que la nueva planta se dote de una nueva tecnología para la que ya no puedan formarse. «Muchos de nosotros nos quedamos en tierra de nadie. Somos aquellos que entramos en Campofrío con 14 o 15 años...». Ni que decir tiene, las caras de desolación y los aplausos intensos que apagaban los sollozos en estas intervenciones. «Tengo miedo a que los de 50 y tantos ya no nos quieran y nos quedemos en el camino...»
También están muchos jóvenes eventuales -hijos, hermanos, sobrinos de otros empleados- que no han generado el tiempo suficiente de cotización para tener derecho a paro y que el incendio les deja totalmente desprotegidos. Y los contratos de relevo, a los que se insistió que son empleados fijos y con los mismos derechos que los demás; o los trabajadores pendientes de la jubilación parcial...
Tampoco quedó nada claro, ni por parte de los representantes sindicales ni del público, cómo se gestionarán la excedencia retribuida a la que se han visto obligados desde el domingo. «Tenemos hipotecas y facturas que pagar y no sabemos cuánto vamos a cobrar y hasta cuando...».