La denuncia interpuesta por la exedil del PP, Margarita Pérez Herrero, en febrero de 2011, contra la alcaldesa socialista del Valle de Manzanedo, María Carmen Sáiz, y el empresario, Alfonso Pérez de Andújar, parecía haber concluido su periplo judicial el pasado enero, cuando el Juzgado Número 1 de Villarcayo dictó el sobreseimiento o archivo provisional de la causa. Diez meses después, el pasado viernes, la Audiencia Provincial emitía un auto en el que estima el recurso de apelación contra las decisiones del juez de Villarcayo y ordena reabrir el caso y seguir, «al menos», instruyendo las diligencias instructoras solicitadas por el Ministerio Fiscal.
Así pues, el empresario continúa imputado por el presunto delito de usurpación de bienes públicos, al haber cerrado con el vallado cinegético de su finca el acceso a caminos públicos de Rioseco, San Martín del Rojo y Quintana del Rojo, así como a arroyos y otras infraestructuras, mientras que la alcaldesa continúa estando imputada por un presunto delito de prevaricación. La denunciante y la Fiscalía entienden que no se han puesto los medios para evitar la situación de ocupación de los bienes públicos y que, además ha habido otros ediles que lo han respaldado con sus votos en dos plenos celebrados en 2010 y 2012. En el primero se acordó suspender el expediente de recuperación posesoria de los bienes públicas e iniciar la permuta de los mismos y en el segundo se aprobó continuar con el expediente de permuta de bienes públicos a cambio de bienes patrimoniales de la mercantil Fuentehumorera S.L. En ellos participaron los exediles del PSOE, Yolanda Álvarez y Marcos López, y los actuales ediles Juan Carlos López y Moisés Fernández y el pasado 20 de agosto, la Fiscalía volvió a solicitar en su escrito de apelación que se les tome declaración como imputados.
En los plenos se acordó que 21 caminos públicos que suman 5,2 hectáreas más redes de saneamiento, abastecimiento y otras infraestructuras pasasen a manos de la empresa a cambio de 10 hectáreas de suelo rústico en Peñalba de Manzanedo.En mayo de 2013, la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León tildó de ilegal el acuerdo y desautorizó al pleno del Valle de Manzanedo a seguir con la permuta aduciendo que no estaba justificado el «interés público» de la misma.
Diferencias
El juez de Villarcayo señaló en su auto de sobreseimiento del pasado mes de enero que «los caminos en su mayor parte constituyen vías de acceso a fincas y montes de propiedad exclusiva del denunciado, siendo caminos que no están disponibles para su utilización, ya que están invadidos por la vegetación...». La Sala de la Audiencia «no comparte los razonamientos» del juez de Villarcayo y recuerda que varios testigos «afirman lo contrario». El fiscal señala, además, que la mala situación de los caminos es «algo lógico, ya que estando cerrados al paso de terceras personas... justifica que los caminos no usados ni transitados vayan desapareciendo y cubriéndose de vegetación, derivándose esta actuación de la conducta achacable únicamente a la mercantil Fuentehumorera S.L.», que decidió «vallar el terreno sin dejar accesos libres a terceras personas».