Ganemos al fracking, la postura más clara en contra de esta búsqueda de gas

A.C. / Villarcayo
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Miguel Ángel Alonso encabeza esta nueva candidatura regional formada por vecinos de Las Merindades

Casi in extremis, poco antes de agotarse el plazo de presentación de candidaturas, nació Ganemos al fracking Castilla y León. Miguel Ángel Alonso, también candidato a la Alcaldía de Valdeporres por Iniciativa Merindades, encabeza una lista que opta a tener representación en las Cortes regionales y que afirma ser «una candidatura ciudadana, no un partido político». Admiten que es muy difícil lograrlo, porque se necesitan de 15.000 a 18.000 votos, pero «el objetivo es estar presentes el día 24, recoger el máximo número de votos y que seamos capaces de unir a todos aquellos que se manifiestan en contra del fracking», además de aportar su «granito de arena al trabajo de las asambleas contra el fracking o de los municipios de Las Merindades y la provincia».

Quieren servir de apoyo a quienes salen a la calle para decir no a la investigación y técnicas de búsqueda del gas no convencional, porque desconfían de que el PP y el PSOE sean firmes en contra del fracking y consideran que en sus palabras y gestos actuales hay más «postureo electoral» que verdad, además de falta de coherencia entre lo sucedido en el pasado y lo que acontece en los últimos meses. Aun así aplauden el trabajo del senador Ander Gil.

Ganemos al fracking en Castilla y León propone moratorias o prohibiciones de la técnica, como ya se hecho en Dinamarca, Francia, República Checa, Sudáfrica o los estados de Nueva York, Vermont o Nueva Jersey. En su lugar plantea volver a ser líderes en energías renovables, «porque tenemos sol y viento a raudales, pero sin incentivos engañosos que han supuesto la ruina de más de cinco mil familias».

Consideran que la industria del gas ha puesto sus ojos en Castilla y León, «porque se les ha abierto la puerta, mientras se las han cerrado en Cantabria o La Rioja», como señala Miguel Ángel Alonso, quien como sus compañeros de viaje, «considera que los riesgos de contaminación de acuíferos, del aire, del medio ambiente y la posible afección a la salud humana son inaceptables».