Olvídense del anciano cargado de bolsas que merodea por estaciones de autobús y tren y que pasa dos o tres días en una ciudad para pasar a la siguiente. Durante años este ha sido el retrato-robot de la persona sin techo, llamada, precisamente por estas caracteristicas, transeúnte. El sintecho de 2014 es un burgalés de unos 47 años -es la media de los atendidos por Cáritas y Fundación Lesmes- que ha perdido su hogar y tiene, en muy alto porcentaje, problemas de salud mental.
Cuenta, además, con el hándicap de que esta situación es cada vez más crónica. Antes de la crisis, los programas sociales ayudaron a un no despreciable número de personas a rehacer su vida pero ahora, el paro de larga duración y el agotamiento de las prestaciones son las principales causas de que el sinhogarismo sea prácticamente una situación perpetua.
«Percibimos que hay más gente que vive en casas ocupadas, una casuística que nos parece muy peligrosa por las condiciones que acarrea de infravivienda, invisibilidad del colectivo e inseguridad. Además, se ha elevado el número de personas indomiciliadas (población de Burgos) frente al de transeúntes procedentes de otras provincias y sigue bajando, lenta pero progresivamente, la media de edad de los afectados», explicó David Polo, educador social del Programa de Personas sin Hogar de Cáritas.
Así las cosas, las entidades sociales tienen que echar el resto y han comprobado que la estancia media en sus centros residenciales se ha incrementado desde los 7 meses hasta casi el doble: «No existe una oferta de vivienda adaptada a sus bajos recursos, por eso, solicitamos una vez más que si la gente tiene pisos vacíos los pongan a nuestra disposición para facilitar casa a las personas que son incapaces de acceder a una. Porque, aunque es bienvenida la dotación para ayuda al alquiler que la Junta ha puesto en marcha recientemente necesitamos una política más decidida sobre el alquiler social que dé preferencia a las situaciones más desfavorecidas».
A la Fundación Lesmes y a Cáritas les preocupa especialmente el estado de salud de las personas que viven en la calle y se duelen de que aún no se haya abierto la residencia para personas con enfermedad mental que el Gobierno regional tiene construida y equipada desde el año 2011 y cuya gestión adjudicó recientemente a Aspanias y Fundación Indra.
Llevan años denunciando la exclusión de las personas sin hogar del sistema sanitario. Pilar Benavides, psicóloga de la Fundación Lesmes, afirmó que en un alto porcentaje sufren trastornos mentales que se agravan precisamente por su ausencia de hogar: «Entendemos que sería de gran ayuda un servicio de atención a la salud mental que abordara también las urgencias que se dan en este campo». El Informe Foessa, de reciente publicación, indica que el mal estado de salud entre la población no integrada (especialmente trastornos mentales y depresión) está repuntando. El 7,1% de la población de Castilla y León sufre exclusión en este ámbito porque no puede seguir los tratamientos o no tiene ayuda en situaciones de dependencia.