La Fiscalía Superior de Castilla y León solicita para Tomás Tenza, exgerente del Complejo Asistencial de Burgos, 6 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por ser autor presuntamente de sendos delitos de prevaricación y  contra la integridad moral.

El que fuera jefe delDepartamento de Informática del centro médico,Ricardo Cuadrado, y uno de los tres funcionarios públicos a su cargo presentaron en 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la relataban una serie de hechos relacionados con la contratación, por parte de la Gerencia, de una empresa externa. Posteriormente, en marzo de 2010, ampliaron la denuncia con una acusación por supuesto acoso laboral y mobbing contra Tenza. El anterior gerente del complejo asistencial impidió a este trabajador asistir a cursos de su especialidad profesional y la entrada en determinadas dependencias del hospital. Después le cesó como jefe del Servicio de Informática.

Asimismo, el Ministerio Público exige 160.000 euros de indemnización al denunciante y señala a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiario. La acusación particular ha de presentar aún su calificación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos dictó en el mes de octubre el autor para la apertura de juicio oral, pendiente de fecha.

Los abogados de Tenza formularon en su día un recurso contra la decisión del juzgado instructor de transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado para el inicio del juicio. Y la Audiencia ordenaba después seguir con la investigación del caso y solicitaba que fuera llamado a declarar un funcionario del CuerpoSuperior de Interventores y Auditores delEstado, que fue designado por la Intervención General para emitir el segundo de los dos informes claves del proceso.

En él se concluía que «a la vista de la denuncia y de la documentación examinada, a excepción del contrato inicial que no se ha analizado al no estar incluido en el alcance el informe, en las relaciones contractuales entre el Completo Asistencial de Burgos y la empresa ATOS Origin S.A.E., se incumple de forma generalizada y en aspectos fundamentales las normas de contratación de las administraciones públicas».

La Unidad de Apoyo de la Intervención General delEstado emitió un primer informe, fechado el 31 de julio de 2009, tras analizar la documentación inicialmente aportada por los denunciantes, de la que «parecen derivarse numerosas irregularidades en el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, y variados pagos a la empresa beneficiaria no soportados en contratos regulares», si bien precisó que necesitaba documentos válidos u otro tipo de pruebas para un pronunciamiento definitivo. De ahí  la necesidad de contar con el segundo informe, que se emitió en mayo de 2010.

Con estos dos informes ya sobre la mesa, la Audiencia Provincial consideró que se da por cerrada la instrucción del caso, paso previo a ordenar la apertura del juicio oral.