El ministro AlbertoRuiz Gallardón consiguió ayer que todos los estamentos judiciales escenificaran una unión impensable hace meses. Tal es así que los decanos de los jueces y los abogados de Burgos no dudaron en calificar de «histórica» la concentración que reunió a cerca de 200 letrados, fiscales, procuradores, magistrados, secretarios y funcionarios en Reyes Católicos. La actividad del edificio se paralizó a mediodía para dar paso a una protesta que supera la inicial oposición al conocido como ‘tasazo’, aunque sea el eje central. «La nueva ley supone un ataque a la tutela judicial y una estocada directa a las clases medias, que no van a poder tener acceso a la jurisdicción dado el carácter tan alto de las tasas», apuntó la juez decana,Blanca Subiñas.
Al ‘tasas no’, cada colectivo ha ido añadiendo sus particulares problemas. Los magistrados estaban indignados con Gallardón y lo que consideran una interpretación interesada de una propuesta que realizó la Asociación Para la Magistratura (de carácter conservador). «Es cierto que aconsejamos que se pusieran tasas pero nunca con el carácter eliminador de la posibilidad de acceso a la jurisdicción, sino con un carácter razonable», reconoció Subiñas, para apuntar que se han sentido «atacados» por el ministro.
«Esto no tiene nada que ver con una reclamación salarial, ni de derechos propios. Se trata por una parte, de eliminación de nuestros derechos estatutarios, por otra el establecimiento de un sistema que pretende acabar con la independencia del Poder Judicial estableciendo un Consejo que no va a procurar esa independencia ni el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal», remarcó.
El fiscal jefe,SantiagoMena, corroboró que están en contra de la línea del Gobierno en materia judicial y que «si el ministro no accede a dialogar mínimamente con cualquiera de los estamentos», seguirán las movilizaciones.
Joaquín Delgado, decano de unos abogados ya veteranos en las movilizaciones contra las tasas, reclamaron «un pacto para que la justicia avance», y los funcionarios volvieron a alertar contra la «privatización encubierta de los registros civiles», explicó Alberto Arroyo, de la Junta de Personal.
Los magistrados de la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Castilla yLeón, con sede en elPalacio de la Isla, no se desplazaron hasta Reyes Católicos pero sí mostraron su total respaldo a la protesta realizada ayer.Sin embargo, el juicio con tribunal del jurado que se celebraba en la Audiencia prosiguió con normalidad.