El caso Proincove, por el que el Ayuntamiento arandino se ve obligado a pagar 4 millones de euros por ocupar 8.000 m2 de terreno en 2005 junto al río Arandilla para ejecutar el proyecto de acondicionamiento de las riberas, acabará de todas todas en los tribunales.
Si el grupo popular informaba de que elevará el caso a la Fiscalía atribuyendo el problema a la inacción del anterior equipo de gobierno y apuntando la necesidad de investigar el hecho de que la concejala del PSOEMar Chamorro «es la administradora de la empresa beneficiaria», que su marido es el abogado de la firma y que éste comparte despacho con el anterior alcalde, Luis Briones, los dos concejales socialistas aludidos anunciaban ayer la interposición de sendas querellas criminales contra el edil independiente dentro de la lista del PP, Javier Rojas, quien actuó de portavoz, por calumnias e intromisión ilegítima en el honor. Unas acciones a las que está pensando sumarse el ex concejal de Urbanismo, Eusebio Martín, quien también se ha visto salpicado.
El ex regidor calificó de «barbaridades» sus declaraciones, acusándole de crear gran alarma social con «mentiras y falsedades». Le dio un mes para retractarse y en caso contrario pedirá la pena máxima. «Voy a pedir dos años de prisión. No quiero dinero, quiero que se retracte públicamente o desde luego no voy a cejar hasta que vaya a prisión», manifestó. Briones, que acusó a Rojas de hacer «terrorismo político», sostuvo que bajo su mandato no se tomó ninguna resolución porque no estaban completos los expedientes y a pesar de que no se siente incompatible defendió que «no he participado en el procedimiento ni como abogado ni como alcalde, y podría haberlo hecho».
Por su parte Chamorro aclaró que nunca ha trabajado para Proincove ni es su administradora, pese a lo cual aseguró que «nunca he tomado parte en ninguna actuación ni en ningún asunto que pueda referirse a esta empresa».
A juicio de Briones el PP usa una cortina de humo para tapar a Ángel Guerra, a quien consideran máximo responsable ya que era alcalde cuando se ocupó el terreno «y es el que ha generado los derechos fundamentalmente de la empresa». El PSOE atribuye el desorbitado desembolso a que la queja realizada en 2005 por el propietario porque se estaban ocupando sus terrenos y el inmediato informe del ingeniero técnico de obras públicas advirtiéndolo «desaparecieron en el Ayuntamiento durante dos años y cuatro meses» y a una negligente defensa del Ayuntamiento con escritos que se podrían haber dejado de contestar en este mandato «lo cual es muy grave».
Briones cree que el PP ha decidido «soltar mierda» contra el anterior alcalde y sus concejales para buscar una justificación para que intervenga la Fiscalía e intentar suspender la ejecución del auto judicial que obliga a realizar el pago, pero lo considera una estrategia errónea «porque va encaminado a que se archive». En este sentido insta a los populares a que lleven todo el expediente al juzgado de instrucción «vía querella o como quieran». En cualquier caso respaldan ambas vías e instan a que se cree la comisión de investigación anunciada por los populares.
El PSOE ha suspendido cualquier tipo de acuerdo institucional con el PP hasta que se clarifique este tema «pidan disculpas y se depuren todas las responsabilidades». Asimismo, además de la dimisión de Rojas, exigen que dejen sus cargos el diputado Ángel Guerra, la procuradora regional, Soledad Romeral, y el concejal de CCD, Alfonso Sanz, ambos responsables de Urbanismo entre 2005 y 2007, y Raquel González «como mínimo por incompetencia».