Primera demanda en Burgos de desahucio exprés contra okupas

G.Arce
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La denuncia se centra en los inquilinos ilegales del edificio declarado en ruinas en el número 21 de la calle Santa Dorotea

Dos meses después de la entrada en vigor del desahucio exprés contra las okupaciones de viviendas, como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un juzgado de Burgos, el de Primera Instancia número 6, ha admitido a trámite la primera demanda de esta naturaleza presentada por los propietarios del edificio ubicado en el número 21 de la calle Santa Dorotea, declarado en estado de ruina por el Ayuntamiento pero habitado ilegalmente desde hace años.

El paso dado por el juzgado la pasada semana tras el cambio legislativo pretende ser el punto final a varios años de problemas generados por los ocupantes de esta propiedad y ante la reiterada imposibilidad de echarlos por cualquier vía judicial hasta la fecha, una laguna legal que ha posibilitado la proliferación del fenómeno okupa en los últimos años en España.

Así, en octubre de 2017 se presentó una denuncia de desahucio por precario, entendiendo como tal el hecho de que la persona que ocupa una propiedad no posee un título legítimo que lo acredite.

Los dueños sí acreditaron ante el juzgado la propiedad del inmueble de la calle Santa Dorotea, un edificio de dos plantas cuyos accesos estaban sellados con una cadena y un candado. Sobre el mismo existe además un expediente de declaración de estado de ruina por lo cual, según explica el abogado Sergio Carpio, del despacho Valora Asociados, «también podía darse el caso de la imposibilidad de acceso a una propiedad ocupada ilegalmente y que ésta se colapsase con estas personas dentro, con lo cual el propietario se tendría que enfrentar a la posibilidad de posibles responsabilidades penales si alguien resultase herido».

El procedimiento penal abierto hace dos años intentó lograr lo más complicado en estos casos: identificar con nombres y apellidos a los ocupantes, sin lo cual era imposible notificarles ni las demandas ni las denuncias, lo que obligaba a archivar los procedimientos.

Así ocurrió con la primera denuncia, dado que la Policía no pudo notificar personalmente este hecho, pese a que era evidente que  el inmueble estaba habitado, eran visibles hasta sillas de niños e incluso se veía luz en las habitaciones, recuerda Carpio, que ha gestionado este procedimiento pionero. De hecho, añade, nunca se ha llegado a determinar el número exacto de personas que aún viven en el interior.

(Artículo completo en la edición de hoy)