UGT lleva a los tribunales la plantilla municipal para el ejercicio de 2013

J.C.O. / Aranda
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Si prospera la demanda del sindicato podría suponer la anulación del presupuesto municipal y de la oferta de empleo público para este año, donde se incluye la convocatoria de las 15 plazas vacantes para la Policía Local

El presupuesto del Ayuntamiento arandino para el presente ejercicio fue aprobado, junto con la plantilla, a finales del pasado mes de agosto. - Foto: Diario de Burgos

 
El sindicato UGT vuelve a la carga en su estrategia judicializadora de la cuestionada política que en materia de personal mantiene el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Su sección sindical ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) recurso contencioso-administrativo contra resolución plenaria del 23 de agosto por la que se aprueba definitivamente la plantilla de personal de 2013. 
Una demanda que, de prosperar, podría traer como consecuencia la anulación de los presupuestos municipales del presente ejercicio, cuya aprobación se vincula a la plantilla,  que si bien cuando se emita el fallo judicial ya no tendrá consecuencias para este año, sí las podría tener de cara a 2014 si no se llegara a aprobar un proyecto económico para ese ejercicio ya  que obligaría a funcionar con el presupuesto prorrogado de 2012, más limitado que el actual. De hecho, por situaciones similares, el Ayuntamiento ya tuvo en parte que apañarse con el presupuesto prorrogado de 2006 hasta el año pasado.
Asimismo, tal y como advierte el secretario general de la Sección Sindical de UGT, Andrés García, convencido de la que plantilla «va a ser declarada nula de pleno derecho», conllevaría también la anulación de la oferta pública de empleo para 2013, a la que el equipo de gobierno municipal ha confiado para convocar las 15 plazas vacantes en la Policía Local.
La decisión de acudir a la vía judicial se ha conocido esta semana a través de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el que se informa que ha sido remitido al citado Órgano Judicial el expediente administrativo objeto de la impugnación, y se emplaza para que las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto impugnado y tengan interés en el mantenimiento del mismo, puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días «ante indicado Órgano Judicial, en legal forma, mediante procurador con poder al efecto, y con firma de abogado».
 
OMISIÓN DE ALEGACIONES. Andrés García explica que ha optado por ir al contencioso administrativo porque en el año 2012 se aprobó finalmente la plantilla, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)y el presupuesto, pese a la discrepancia de UGT, que ya advirtió de que para el siguiente ejercicio se tuvieran en cuenta una serie de alegaciones. Unas consideraciones que se han omitido «sorprendentemente» pese a que se recordaron en la mesa de negociación de la plantilla «porque -señala- la RPT no se llevó adelante», y se estuvieron analizando con el secretario y con el entonces concejal de Personal, Máximo López.
Entre otras cuestiones, la alegación advertía, según García, de la incorrecta clasificación de plazas de administración general y de administración especial y pedía que se tuviera en cuenta una sentencia de un TSJCyL que establecía que los opositores a plazas  de personal del grupo B  podían concursar con cualquier tipo de carrera de tipo medio, lo que también obligaba a modificar la RPT.
«¿Qué quiere decir esto? que va a resultar que la plantilla va a ser nula de pleno derecho y eso va a conllevar, como ha conllevado otras veces, que posiblemente de rebote, afecte a los presupuestos y la oferta de empleo público de 2013. El problema es que, en lugar de solucionar los problemas, nos vamos metiendo en berenjenales que están haciendo la bola cada vez más grande. A finales de 2012 habíamos encauzado en parte el asunto y ahora volvemos a estar como al principio», advierte.
Desde UGT se hace un llamamiento al Ayuntamiento a que se allane a la demanda «porque con eso salvaría los presupuestos y podríamos hacer  una modificación de la plantilla y la RPT en cualquier momento, y avanzaríamos en ese sentido», esgrime García, quien justifica que, ante la falta de diálogo, «nos ha quedado más remedio que meter la demanda».