López se desmarca de los pactos del PSCyL y amenaza a Herrera con no apoyar el mapa de servicios regional

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El portavoz socialista en las Cortes desacredita así a Julio Villarrubia, secretario general de la formación, que ha firmado un acuerdo en esta materia con el presidente del Ejecutivo regional

Óscar López, durante su intervención en un acto del partido en León. - Foto: Ical

Lejos de remar en una misma dirección y buscar una posición de partido firme, el PSOE en Castilla y León sigue enfrascado en una lucha de egos en el que sus dos ‘líderes’ demuestran que ni se escuchan ni se entienden. Los ejemplos se suceden y ayer se vivió un nuevo episodio. Esta vez, movió ficha Óscar López, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes y secretario de Organización del PSOE, que amenazó a la Junta con desvincularse de cualquier pacto sobre el mapa de servicios en la Comunidad si no denuncia la reforma local que, previsiblemente, apruebe esta semana el Senado. Una declaración de intenciones que avivó de nuevo el incendio en el seno del partido, ya que desacredita el acuerdo que en esta materia había firmado el secretario general de la formación, Julio Villarrubia, con el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera.
 
 En un acto sobre ‘Alcaldes y pedáneos socialistas, el corazón del municipalismo’, celebrado en la localidad leonesa de Trobajo del Camino, López recordó en declaraciones recogidas por Ical que los socialistas van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si la nueva norma sale adelante e insistió en que la Junta debe mostrar su rechazo porque la reforma es «incompatible» con la ley aprobada para Castilla y León.
 
La Ley de Racionalización, defendió ante alrededor de medio millar de ediles socialistas de toda la Comunidad, «va contra la autonomía municipal y supone un recorte democrático y de servicios que desaparecerán o serán privatizados, en el mejor de los casos». El líder socialista señaló que la Junta necesitaría dedicar 350 millones al año para prestar los servicios que ahora ofrecen los municipios en las distintas provincias si sale adelante la ley. «No tienen ese dinero y lo que va a pasar es que se van a suprimir muchos de esos servicios», concluyó.