El pasado 28 de abril, Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) asumía la máxima responsabilidad de un Ministerio que conoce muy bien desde hace 15 años. De hecho, ha ocupado cargos relevantes en los mandatos de sus antecesores Miguel Arias Cañete (como secretaria general de Agricultura y Alimentación), Jesús Posada (asesora ejecutiva y responsable de Relaciones Internacionales) y Loyola de Palacio (asesora ejecutiva). Su formación académica es amplia y brillante:ingeniera agrónoma, licenciada en Derecho y con varios másteres cursados en diferentes países.

El Grupo Pascual, estandarte de la estratégica industria alimentaria provincial y nacional, ha centrado la primera visita oficial de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a Burgos, una provincia que esta vallisoletana de 46 años, licenciada en Derecho, ingeniero agrónomo y con una brillante carrera en el Ministerio que ahora lidera y en Bruselas, demuestra conocer bien. «El sector agroalimentario es uno de los que mejor se ha comportado con la crisis porque se ha sabido adaptar a las circunstancias, está demostrando que tiene una gran calidad y competitividad, y está exportando por valor de 40.000 millones de euros [en cifras de agosto]. Lo veo con un gran optimismo...», asegura Isabel García Tejerina, que el martes cumplía medio año en el cargo que asumió al trasladarse su antecesor, Miguel Arias Cañete, hoy comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, a Bruselas.

¿Le preocupan operaciones como la adquisición de Campofrío por parte de empresas chinas y mexicanas?

Hoy el mundo es global. También hay un fondo que ha invertido en una de las grandes empresas españolas de aceite de oliva y hay capital nacional invirtiendo en el sector de la alimentación fuera de España. Hay que internacionalizarse, hacer alianzas fuera con otras empresas... Vivimos en un mundo cuya globalidad e interrelación va a ir necesariamente a más. Este es el escenario en el que nuestras empresas tienen que saber jugar y estoy seguro de que lo van a hacer.

¿Existe riesgo de deslocalización del empleo y de que al final nos vendan extranjeros productos que salen de aquí?

La industria agroalimentaria depende de una materia prima local. De hecho, el 75% de lo que producen nuestros agricultores y ganaderos termina en las industrias de la alimentación, con lo cual la mayor parte de este ámbito siempre estará ligado al territorio. En España hay muchas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y, por definición, están vinculadas a las producciones locales. No es tan fácil la deslocalización.

¿Estamos ante una industria lo suficientemente innovadora?

El peso de los proyectos para innovar financiados con dinero público es creciente. Hay muchas empresas que ya lo hacen. Para mí es una prioridad innovar e investigar porque hay que hacer crecer al sector, mejorar las rentas de los agricultores y los beneficios de la industria.A partir de ahí, vendrá la creación de empleo, el principal objetivo del Gobierno. Hemos conseguido dar estabilidad al sector a través de la reforma de la Política Agraria Común (PAC)hasta 2020 y a través de la política de seguros agrarios (más de 200 millones al año para dar cobertura a las incidencias climatológicas). Falta trabajar en la mejora de las rentas a través del mercado haciendo el sector más competitivo. La innovación es un medio necesario para alcanzar estos objetivos. En breve presentaremos un Plan de Innovación para el Sector Agroalimentario y Forestal, que se nutre de una encuesta realizada a todas las comunidades autónomas sobre las necesidades de innovación (con 1.700 respuestas), con el objeto de dirigir las políticas hacia esas necesidades. Este Plan va dirigido a la transferencia de conocimiento, a acelerar la innovación y a facilitar el acceso a los recursos públicos nacionales y europeos. El Programa Nacional de Desarrollo Rural, por otro lado, irá dirigido a política forestal y a poner en funcionamiento proyectos piloto en materia de innovación que lleven consigo la divulgación de estos nuevos conocimientos.

La PAC destina el próximo año 923,8 millones a Castilla y León. ¿Es una cantidad suficiente para atender las demandas del campo?

2015 es un año importante porque es el primero de aplicación de la PAC. Hasta 2012, los agricultores vivieron años de una enorme incertidumbre por el miedo de si habría PAC más allá de 2013 o sobre cuánto sería el recorte. Gracias a la negociación que hizo España, en el marco financiero plurianual (2014-2020) recibimos 47.000 millones, un poco más de lo que veníamos percibiendo, pero en un momento de presupuestos restrictivo. El miedo era cierto, pero la gran negociación que hizo este Gobierno ha permitido consolidar e incrementar ligeramente este presupuesto. El punto de partida de la PAC era muy negativo para los intereses de España pero le dimos la vuelta.

¿Cómo va a llegar este dinero al agricultor burgalés?

Es la primera vez que las ayudas solamente van a los agricultores que de verdad tienen explotaciones con actividad. Se acabó el agricultor de sofá, que alguien solo tenga ingresos con una subvención como sucedía hasta ahora. Es un cambio en favor del agricultor profesional y en favor de la economía porque el que estaba parado, o se pone a funcionar o pierde las subvenciones. Con ello estimulamos la actividad y la creación de empleo. Otro cambio muy importante es que los jóvenes van a recibir un apoyo adicional en el primer pilar (pagos directos a las explotaciones). Hay también medidas adicionales que obligan a aplicar requisitos beneficiosos para el medio ambiente, que serán fáciles de cumplir. También empieza el nuevo régimen de los pagos que, si bien todo el mundo comienza en su punto de partida actual, a partir de 2019 irá convergiendo hacia la media de la región. Las ayudas oscilarán poco, algunos recibirán un poco más y otros un poco menos, de tal manera que en 2019 todos los agricultores y ganaderos dentro de su región tendrán, por lo menos, el 60% de la ayuda. Los pagos serán cada vez más homogéneos. Se notará en el tiempo, pero el cambio no será muy grande porque se basará en las comarcas agrícolas que ahora tienen unos importes de ayuda similares. Entre similares se tenderá hacia la media.

¿Cuántos puestos de trabajo esperan lograr en el campo con la incorporación de los jóvenes?

Nos gustaría, de aquí hasta 2020, lograr la incorporación de unos 20.000 jóvenes. La agricultura es una actividad mucho más tecnificada de lo que la gente pueda pensar y es necesario un impulso nuevo. Además de la ayuda adicional en el primer pilar, tendrán un acceso prioritario y gratuito a la reserva nacional (a las explotaciones que han perdido los derechos de ayuda y que quedan acumuladas en una bolsa). Además, dentro de los Programas de Desarrollo Rural, las comunidades destinarán recursos importantes a la incorporación de jóvenes y a instrumentos financieros que faciliten la financiación. Este paquete de medidas, junto con una fiscalidad especial, son una ayuda para la incorporación a la agricultura, que es costosa.

¿Y la mujer?

Propusimos a las comunidades realizar unos programas sectoriales de hombres y de mujeres, pero nos pidieron que cada cual decidiera en su territorio. El Gobierno sí ha desarrollado la Ley de Titularidad Compartida de la explotación agraria.

¿Qué cambios traerá la Ley de Integración de las Cooperativas?

Es una Ley hecha para las cooperativas y con el objetivo de este Gobierno de mejorar la competitividad del sector y cubrir las deficiencias estructurales que existen para afrontar el crecimiento. Una de estas debilidades es su enorme atomización: hay demasiadas, muy pequeñas y con poca facturación. Es importante impulsar la integración porque es necesaria una economía de escala suficiente para poder tener una gestión más profesionalizada, para internacionalizarse, para innovar e investigar. La Ley fomenta las entidades asociativas prioritarias de cooperativas, organizaciones de productores y sociedades de transformación. Dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que son casi 500 millones dedicados a la mejora de la competitividad, la parte más importante está dirigida a la integración cooperativa en el ámbito suprautonómico, para facilitar la unión de sociedades de diferentes comunidades.

Los agricultores regionales atribuyen la caída del 24% en las exportaciones de agosto al veto ruso. ¿Es así?

Agosto no ha sido un buen mes exportador para frutas y hortalizas. Vamos a ver si es una cuestión coyuntural, pues hasta agosto crecieron las exportaciones y el balance del año es positivo. Rusia recibía un 1,8% directamente de España, aunque había muchos reenvíos a través de brokers de frutas y hortalizas que centralizan compras en Holanda o desde otros países. Los precios del sector, después de las medidas extraordinarias adoptadas, no han sufrido un hundimiento. Castilla y León tiene un problema con la patata, aunque la UE no está exportando patata a Rusia por otras cuestiones. La patata viene de dos temporadas muy buenas, pero no se puede atribuir directamente al veto ruso el hecho de que llevemos más de un año sin exportar, ni nosotros ni el resto de países. Es lo mismo que el porcino, que lleva cerrado más de una año. Hay que vigilar los mercados y adoptar las medidas necesarias si llega el caso. Tenemos reuniones semanales con los sectores.

Quizá la mayor preocupación está en el sector lácteo.

Sí, porque coincide con el fin del régimen de cuota lácteo. Los ganaderos saben de sobra cómo regular su producción. España, y venimos tiempo advirtiéndolo, sigue una tendencia que nos lleva a pensar que si no contenemos un poco la producción superaremos la cuota láctea. Estamos produciendo un poco por encima y eso los ganaderos lo saben y es importante que lo tengan en cuenta porque si hay superación, habrá tasa láctea. El régimen no acaba hasta el 31 de marzo de 2015 y es muy importante un seguimiento permanente y semanal para regular las producciones. Además, Rusia era un país importante para muchos países de la UE, por lo que hay que contener la producción a la espera de la evolución de los mercados.

¿Ve una solución a este veto?

No depende de cuestiones agrarias sino políticas.

La Ribera del Duero ha tenido la mejor cosecha de su historia pero también hay preocupación por la crisis que sufren algunas de sus bodegas.

El crecimiento de la oferta debe venir acompasado con un crecimiento de la demanda. No tiene que preocupar una producción si somos capaces de hacer una buena comercialización. Ahí debemos dirigir nuestros esfuerzos. Ribera del Duero es una denominación de origen que año tras año nos da la satisfacción de ver cómo va ganando cuota de mercado nacional e internacional. Estoy segura de que la extraordinaria calidad de los vinos se acompaña una cada vez mejor comercialización.

¿Le preocupa la quiebra de algunas bodegas?

Es verdad que ha habido mucha inversión que hay que amortizar. Creo que Ribera de Duero tiene capacidad de ir acompasando el crecimiento y deseo es que alcancen el pleno potencial de producción. Tenemos un sector agroalimentario que puede ser tremendamente competitivo en los mercados internacionales. Tenemos que emplearnos en aquellas tareas en las que España tiene más margen de mejora:producimos con extraordinaria calidad y hay que comercializar mejor.

¿Le preocupa que Dia absorba un grupo local como El Árbol y que sean los proveedores regionales los que asuman parte de la deuda de la operación?

La distribución se está dando cuenta que es muy importante cuidar la producción local. España puede exportar y queremos que consolide mercados alternativos para que sea menos dependiente, llegado el caso, de la distribución local. La diversificación siempre es muy necesaria. Desde el Ministerio entendemos el sector alimentario como una cadena. La Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria está pensada para dar seguridad jurídica y transparencia a estas relaciones comerciales. Ahora Dia ha absorbido El Árbol y está claro que todas las empresas quieren ganar y posicionarse. Hay un proceso de concentración muy importante al final de la cadena y por eso nosotros lo estamos impulsando en otras etapas. Ahí está la Ley de Integración de Cooperativas y habrá medidas enfocadas a la industria de la agroalimentación dirigidas a incrementar las alianzas. Si no se integran, se compran o se absorben, por lo menos que hagan alianzas estratégicas entre industrias, pues tiene que generar dimensiones. La concentración redundará en la competitividad, pero es muy importante establecer reglas de juego claras y mecanismos para que se cumplan. La Ley de Mejora de Funcionamiento de la Cadena Alimentaria define las prácticas comerciales abusivas y las sanciones que llevan  aparejada. Además, hemos creado la Agencia de Información y Control Alimentario, que de oficio o por recibir denuncias investigará estas prácticas comerciales abusivas y las sancionará. Son mecanismos que pondrá un poco contrapeso a la concentración en la distribución. Además, estamos culminando un código de buenas prácticas, que serán asumidas voluntariamente por la distribución y la industria.

¿Qué medidas se van a adoptar para optimizar los costes de producción en el campo?

Trabajamos para mejorar la renta agraria, pero el beneficio final depende de los ingresos y también de los costes, un capítulo al que no siempre se le presta la atención debida. El Ministerio  aprobó el Plan Nacional de Usos Sostenibles de Productos Fitosanitarios, que tiene implicaciones económicas para los agricultores  y también para el medio ambiente. En cuanto a la fertilización, otro gasto importante en las explotaciones, hay unas guías de buenas prácticas para saber qué producto, qué dosis y qué equilibrios aplicar... Además, mostramos cómo manejar el tractor y los aperos para ser lo más eficiente posible. En este sentido, el año pasado aprobados un Programa Prima de Impulso al Medio Ambiente Tierra, dirigido a financiar la renovación de los tractores para que sean más eficientes energéticamente. Trabajamos con la Estación de Mecánica Agrícola y firmaremos un acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola para ponerla a disposición del sector. También está trabajando el Centro de Tecnología de Regadíos.

Los agricultores se quejan de la factura de la luz...

En 2008 se suprimió la tarifa especial del regadío para adecuarse a la normativa comunitaria, lo que supuso un incremento importante de costes. En 2013, con la modificación de la tarificación eléctrica, los agricultores están especialmente perjudicados y necesitaban una solución. Logramos el compromiso los ministerios de Industria y Hacienda para buscar una solución a los regantes. Hacienda va a aplicar una rebaja del 85% del Impuesto Especial Eléctrico complementada con una rebaja estructural (para siempre) de los módulos. Al final, estos cambios tendrán repercusión en el IVA, por lo que el impacto será de más de 55 millones, 650 euros al año para una explotación media. Esto se suma a otra iniciativa impulsada desde el Ministerio que son las centrales de compra, gracias a las cuales se producen ahorros superiores a los 60 millones. 

¿Qué previsiones baraja para la presa de Castrovido?

Esta presa permitirá laminar las avenidas y reducir el riesgo de inundaciones a los municipios de la cuenca del Arlanza y mejorará el abastecimiento de agua para consumo urbano de 30.000 personas. Asimismo, permitirá el regadío de 6.000 hectáreas. El presupuesto total es de 209.590.441 euros. En 2014 la anualidad prevista ha sido de 16 millones y se ha pagado una deuda por valor de otros 25 millones. Para 2015, la anualidad prevista es de 12 millones. A pesar de los parones que ha sufrido esta infraestructura hidráulica desde sus inicios en 2004, en la actualidad los trabajos de hormigonado van a buen ritmo. Se lleva ejecutado un 60% del volumen total de la obra y en el presente año se ha colocado alrededor de 160.000 m3 de hormigón del cuerpo de la presa, un 20% del total. Para 2015 el objetivo es continuar con este ritmo de trabajo si la meteorología lo permite y poder invertir toda la partida presupuestaria con la finalidad de  que a lo largo de 2017 finalicen los trabajos de construcción del embalse y que un año más tarde comiencen las pruebas de llenado.

¿Cuál es la postura de su Ministerio sobre las licencias ambientales para fracking?

Lo único que hemos dicho es que toda autorización de fracking requiere una evaluación de impacto ambiental. Nosotros pedimos que la Unión Europea lo regulara pero al final lo ha dejado en manos de los estados miembros. Nosotros, como Ministerio, hemos pedido que sea obligatoria la evaluación de impacto ambiental. Esta es realizada por los técnicos y deben ser ellos, los que conocen la materia, los que determinen el impacto de esta actividad. En materia medioambiental es muy importante dejarlo siempre en el ámbito de los técnicos. Jamás interferiré  en ninguna decisión técnica medioambiental y creo que todos debemos respetar las decisiones de los técnicos.

¿Cómo han sido estos meses desde que asumió el cargo?

He trabajado muchísimo siendo secretaria general y ahora hago lo mismo como ministra. No puedes abarcar todo lo que querrías, no hay días... España tiene muchísimo territorio y hay muchísima actuación y no me da tiempo a llegar a tanto sin dejar de impulsar políticas. Pongo toda mi energía.