Mal y tarde. La convocatoria de un concurso municipal para la construcción de una segunda rampa de acceso a un garaje de la calle Granada ha permitido conocer que el Ayuntamiento de Burgos, en cumplimiento de una sentencia del 6 de mayo de 2011, deberá abonar alrededor de 185.000 euros por una obra que, de haber exigido el cumplimiento de la legalidad, deberían haber asumido alguna de las constructoras que levantaron las viviendas de esta zona próxima a Esteban Sáez de Alvarado. Aunque ninguna de estas empresas, por la inactividad del Consistorio, tiene responsabilidad ya que se consintió, de alguna forma, que la dotación se quedara con un único acceso.
En la memoria del concurso se recogen las líneas principales de la sentencia, al destacar que «el Ayuntamiento de Burgos otorgó licencias y realizó las correspondientes certificaciones de fin de obra sin exigir el cumplimiento de la legalidad vigente». Se asegura que «se incumplió lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente», en el punto en el que se refleja que «en los garajes-aparcamientos de más de 2.500 a 6.000 metros cuadrados, la entrada y la salida deberán ser independientes o diferenciadas, con un ancho mínimo para cada dirección de tres metros y con una salida directa de ataque y salvamento».
Pero si el Ayuntamiento va a tardar más de 4 años en resolver este problema del que los juzgados le han hecho responsable y en cuya sentencia le instaron a ejecutar «sin demora» la obra, el malestar de los vecinos viene de bastante tiempo atrás.
El propietario de una de estas plazas de aparcamiento recuerda que fueron tres las constructoras que levantaron viviendas en la calle Granada al inicio de los años 90. Y a medida que se sumaban nuevos bloques se tiraba un muro y se iba ampliando el garaje con la promesa de que cuando se hicieran las construcciones de la calle Huelva (al otro lado de la manzana) se conectarían los garajes y se crearía otro acceso por esa zona.
La sorpresa fue, según relata este vecino, que cuando se levantaron las nuevas viviendas no se conectaron los garajes. «No se lo exigieron». Y como no se les reclamó, se quedó la única rampa que se construyó con los primeros pisos de la calle Granada. Estrecha, con una curva muy pronunciada y en la que los residentes aseguran que el semáforo que existe no es de mucha utilidad. De tan poca anchura que incluso han tenido que eliminar una parte de uno de sus muros y donde, pese a haberse pintado recientemente, son visibles las marcas de los vehículos que rozan al entrar o salir de la dotación.
En todo este periodo de tiempo, la desesperación de los vecinos ha ido a más porque no ha dejado de oír buenas palabras y ha sido testigo de acuerdos como los de una Comisión de Obras celebrada en mayo del año 2000 o una Junta de Gobierno de julio de ese mismo ejercicio que se quedaron en nada. En 2003 el Ayuntamiento intentó mediar entre vecinos y constructora sin solución, en 2005 las secciones de Hacienda y Patrimonio encargan un proyecto al Colegio de Arquitectos y en 2008 el Ayuntamiento propone como solución un semáforo que regule las entradas y salidas y éste lo desestima al afirmar que no es suficiente.
Fue esta «inactividad» la que llevó a los vecinos a acudir a los tribunales en 2009 hasta que se condena al Ayuntamiento en 2011 a ejecutar la obra.
El remate a la historia es que el Ayuntamiento ha sacado el concurso, según reconoce el vicealcalde, Ángel Ibáñez, sin tener la garantía de poder ejecutar las obras. Porque en esos 185.000 euros están incluidos 30.000 que hay que destinar para indemnizar a los propietarios de las dos plazas que hay que eliminar para construir la segunda rampa. Y aunque hay negociaciones en curso, nada se ha cerrado aún.