Ni luz ni taquígrafos. La información sobre lo que está sucediendo en el Consorcio de Villalonquéjar y su situación de quiebra técnica la están conociendo los grupos de la oposición a través de la prensa, y eso no gusta. Tal y como reveló este periódico, el TSJ ha dado un ultimátum al ente para que pague a los expropiados que han pedido la ejecución de sentencia que les habilita a cobrar el doble de lo que se les pagó por su suelo o, de lo contrario, tendrá que embargar las parcelas y sacarlas a subasta. 

A eso se suma la crítica situación financiera del Consorcio, que tampoco puede hacer frente a los pagos de la deuda de 96 millones que tiene contraída con CaixaBank y el ICO. El alcalde, Javier Lacalle, aseguró ayer no tener «la menor duda» de que «se alcanzará una solución», lo que indica que, al menos a priori, CaixaBank estaría dispuesta a refinanciar la deuda, pero harina de otro costal es el sobrecoste de las expropiaciones.

Fue el Ayuntamiento el que actuó como agente expropiador y es, por tanto, quien debe solucionar el problema si el ente no lo hace, y ya está claro que no lo va a hacer. Así que la única salida que queda es que se inyecten fondos municipales para afrontar esa parte de la deuda, pero queda decidir cómo y, sobre todo, cuánto y cuándo.

Eso es lo que quiere saber el PSOE ya que, tal y como explicó su portavoz, Luis Escribano, el dinero tendría que salir de un presupuesto que ya está aprobado inicialmente. «Si hay una modificación millonaria quedaría en papel mojado», sentenció después de considerar la «gravedad excepcional» de esta problemática que podría derivar en «la pérdida de una cantidad desconocida de patrimonio industrial municipal».

Dado que el Consorcio no se reúne desde primavera y las conversaciones se están llevando a la sombra de la oposición, el PSOE está planteando forzar una reunión extraordinaria de Hacienda para que se explique en qué términos saldría el Ayuntamiento al rescate del ente para evitar que una inversión multimillonaria se vea arruinada por los precios de saldo a los que abocaría el embargo de las fincas y su posterior subasta.