El presupuesto que el Ayuntamiento ha previsto para el servicio de Ayuda a Domicilio en 2015 es 74.655 euros menos que el anterior, que se firmó en 2012. Este recorte fue ayer denunciando tanto por las trabajadoras de la actual empresa concesionaria, Azvase, como por la concejala socialista Mar Ramírez, que coincidieron en denunciar que el Consistorio burgalés sigue la misma ruta que el Gobierno nacional en el «desmantelamiento del estado del bienestar». El pliego de condiciones, que fue aprobado en Junta de Gobierno sin pasar por la Gerencia de Servicios Sociales, prevé un presupuesto de 2.068.828,37 frente a los 2.143.483 de hace dos años.

El comité de empresa de Azvase se lamentó, sobre todo, de que sean los usuarios los más afectados por este descenso ya que se trata «de colectivos muy vulnerables como son los ancianos y las personas con discapacidad». Con el descenso de las horas de trabajo que pueden dedicarles -pasan de 135.000 a 128.000- aseguran que apenas pueden prestarles la mínima atención «cuando se trata de personas que necesitan tiempo para sus cuidados».

Se quejaron también de que las tarifas que se les cobran son muy altas «lo que ha hecho que a muchos de ellos les salga más a cuenta contratar a una persona al margen del servicio municipal».

La concejala de Servicios Sociales, Ana Lopidana, explicó que el recorte se debe al descenso de número de usuarios y que las tarifas que se les cobra «están en relación con las rentas de cada uno». Explica esta disminución con el hecho de que la Junta ofrece las denominadas ayudas vinculadas por las que las personas pueden contratar un servicio externo y facturarlo al Gobierno regional. Para las trabajadoras y Ramírez hay menos demanda porque la tramitación de los expedientes de dependencia se demora tanto «que hay casos en los que cuando se resuelve el beneficiario ya ha fallecido».