La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) Ribera del Duero Burgalesa entre ellas la manipulación de actas de las reuniones de la junta directiva tendentes a  cerrar temporalmente la oficina de Peñaranda de Duero, despedir al personal y pagar una indemnización a la gerente que, a su juicio, no le corresponde.

El presidente provincial de UCCL-Burgos y representante en la junta directiva de la ADRI, Félix Arribas, explica que el problema surgió hace un año cuando la gerente se trasladó a vivir a Francia y, en lugar de aceptar su solicitud de excedencia, la junta directiva decidió que siguiera al frente del Leadercal realizando teletrabajo y con una semana presencial al mes argumentando que estaba próximo a finalizar el programa.

Todo ello con la oposición de UCCL  que considera que la gestión no había sido «lo suficientemente óptima» ya que en considera que la zona ha perdido 1,4 millones de euros del Leadercal  207-2013 porque cuando se produjo el recorte por parte de la Junta la ADRI solo había asignado el 61,8% del dinero concedido cuando otros grupos alcanzaban el 90% y se respetaron los fondos ya comprometido. «Si las cosas presencialmente no habían salido bien, desde Francia posiblemente no saldrían mejor», justificaba.

A partir de ahí Arribas informa que la situación se ha enrevesado, entre otros motivos porque las otras dos trabajadoras de la oficina -una indefinida y otra con contrato por obra- expresaron su malestar porque se veían obligadas a realizar sin remunerar trabajos que le correspondía a la gerente.

Tras estas desavenencias la gerente comunicó en mayo que dejaba el programa, algo que, según Arribas, aceptó con la condición de que presentara la solicitud de un excedencia y la puesta de su cargo a disposición de la junta directiva. Sin embargo el representante de UCCL recrimina que este último extremo no se reflejó en el acta que posteriormente fue aprobada en otra junta celebrada sin quorum y la gerente sigue vinculada laboralmente a la ADRI.

Asimismo, evidencia que  el 28 de julio la junta directiva decidió cerrar la oficina coincidiendo con el cierre del Leadercal del 20 de octubre contemplándose el pago de 32.000 euros en indemnizaciones a los trabajadores de fondos del programa, también en contra de su criterio, «porque no se puede indemnizar a una persona  que pide la baja voluntaria». Otro acuerdo que denuncia que también se modificó posteriormente en el acta afirmando que ya no se iban a clausurar las dependencias, si bien sigue sobre la mesa una propuesta de modificación de los gastos de gestión que no le han concretado. 

Unas maniobras cuyo único fin, es según su opinión, «indemnizar a la gerente cuando ella tenía que tener una baja voluntaria», lo cual en su opinión despierta sospechas respecto a que presuntamente se esté intentando tapar alguna cuestión oscura.

Desde UCCL se apuesta por mantener la oficina abierta hasta que en enero entre en vigor el nuevo Leader, puesto que habrá proyectos que aún no se habrán cerrado, pagando las nóminas con los fondos de las cuotas de los socios consignados para el próximo programa y destinar los 32.000 euros a financiar programas en reserva.

Desde UCCL se espera que impere la cordura y se reconduzca este tema a través de la junta directiva o de la asamblea general pero advierte de que en caso contrario no descartan poner en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades.