Habrá que esperar a ver si la comisón de investigación anunciada aporta algo de luz sobre la ocupación en 2005 de los terrenos situados en el margen derecho del río Arandilla curso arriba del Parque de la Huerta para el proyecto de acondicionamiento de las riberas, un despropósito que va a suponer el pago de al menos una indemnización de cuatro millones de euros -si no son los seis que reclama el propietario-, ya que hasta ahora los responsables políticos que tuvieron algo que ver con aquella actuación echan balones fuera.
El que fuera concejal de Medio Ambiente en la legislatura inmediatamente anterior, el socialista Ildefonso Sanz, que fue el padre de la idea de recuperar las márgenes fluviales a la que por cuestiones de color político no llegó a dar luz verde la Junta de Castilla y León hasta que hubo cambio de siglas en el Consistorio arandino, asegura que la zona de la controversia no estaba incluida en el proyecto original que redactó un técnico municipal y se presentó a la Administración regional y Aguas del Duero. Y defiende que tuvo que ser modificado en el siguiente mandato.
«El proyecto inicial no contemplaba la ocupación de ese terreno. Lo que se planteaba, por lo menos lo que tenía conocimiento, era hasta donde acaba el parque de La Huerta, nada más. Habría que preguntar a Ángel Guerra -alcalde en 2005- y Azucena Esteban -sucesora de Sanz- quién decidió ampliar hasta allí, cómo lo hicieron y por qué», indica.
El edil ve incomprensible que este problema se haya prolongado hasta la actualidad, ya que sostiene que la empresa Proincove, titular del suelo, ya protestó cuando entraron las máquinas. «No entiendo por qué si un tío dice es mío, no sigáis no se le hizo caso», recrimina.
Sin embargo, Azucena Esteban también se lava totalmente las manos y jura que por primera vez ha tenido conocimiento de esta polémica cuando lo publicó DB el pasado 26 de octubre. La concejala popular dice que no tiene «ni idea» y sostiene que «ni Ángel Guerra ni yo conocíamos la historia».
Niega que los responsables políticos modificaran el proyecto y asegura tener constancia de que la única variación introducida bajo su batuta fue la construcción de las escaleras que conectan la senda de la margen izquierda del Duero con el puente mayor a la altura del Bar Gastaudi.
«En absoluto tomamos la decisión de modificar el proyecto. No soy consciente de que alguien dijera vamos a mpliar por aquí, ir al despacho, cuánto vale, cómo se tasa o qué compensación hacemos. Nada de nada. Entonces se ejecutó ese proyecto, que muchas veces Ildefonso ha dicho que él dejó hecho, que ya estaba redactado y elaborado, y lo aprobaron Aguas del Duero, Confederación Hidrográfica y Junta. Y los técnicos municipales y los de la empresa adjudicataria estuvieron permanentemente Nosotros lo que conseguimos es que viniera la subvención», manifiesta.
DESCONOCIMIENTO
Asimismo defiende que desconocía por completo que el propietario hubiera presentado algún tipo de queja por la ocupación de los terrenos. «No recuerdo absolutamente nada de que fuera el propietario de los terrenos a ver qué pasaba, y mira que estuve a pie de obra como aquel que dice», señala, mostrándose sorprendida de que hayan trasncurrido siete años hasta que haya salido a la luz la reclamación.
«Desde luego uo no sé de donde viene, Raquel -la alcaldesa- dice que esto viene del Plan General de Ordenación Urbana del 2000, y si se debería haber tenido en cuenta la calificación de los terrenos. Pero antes se tenía que haber sentido aludido el propietario y haber dicho que le habían invadido el terreno», cuestiona.