La convivencia en las aulas mejoró el curso pasado a tenor de los datos recogidos en el informe que elabora la Dirección Provincial de Educación, aunque con alguna que otra excepción. En términos generales se registraron menos incidencias que el ejercicio docente anterior, destacando el descenso en el número de casos de acoso escolar, que se han visto reducidos a la mitad. No obstante, las amenazas dirigidas a profesores o personal de los centros educativos se han incrementado un 36% hasta contabilizarse 710.
Las autoridades educativas realizaron el seguimiento de 44 posibles situaciones de bullying, de las cuales 18 fueron confirmadas (50 estudiadas y 38 ratificadas en el anterior). Como ya ocurriera por primera vez hace dos años, se han analizado aquellas que se realizan a través de medios telemáticos como internet o el teléfono móvil, detectándose 9. En este sentido, se insiste en las dificultades para controlar este tipo de casos, pero también en la estrecha colaboración que existe con las fuerzas y cuerpos de seguridad para atajarlos.
El descenso dado en el ejercicio lectivo 2017-2018 se atribuye a una mayor concienciación de los centros, además de que los protocolos a seguir son cada vez más específicos y menos generalistas. «Están más implicados en la gestión de la convivencia y eso se refleja en que los datos son muy similares a los del curso pasado. Se está trabajando en la buena dirección», explica la inspectora Marta Carrasco, quien alude también a las acciones de la Administración regional. En este punto, hace referencia a las nuevas hojas de ruta a aplicar en situaciones de acoso escolar, de violencia hacia los docentes y al personal que trabaja en los centros, además de las puestas en marcha a finales de curso de forma experimental y que tiene que ver con la violencia y la identidad de género.
Y es que, las amenazas al profesorado y al personal de los centros se han incrementado hasta las 710, frente a las 522 del ejercicio anterior, cuando a su vez también repuntaron. La Consejería de Educación publicó en diciembre un protocolo concreto para actuar ante estas situaciones que recoge acciones como la contención inmediata de la agresión, la aplicación del reglamento interno, la comunicación de la Inspección con el agredido y facilitar la documentación necesaria si este pide asistencia jurídica.
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