En estos tiempos en que ocupar una habitación cuesta Dios y ayuda, una inversión elevadísima en promoción -por no hablar de las ofertas que reducen el precio por noche hasta cantidades a veces «irrisorias»-, los hoteleros burgaleses claman contra el «impuesto revolucionario» que las sociedades de autor intentan imponer a los empresarios del sector.
Ya no es que tengan que rendir cuentas con la famosa SGAE (Sociedad General de Autores Españoles) sino que cada vez son más las agencias que se dirigen a los propietarios de los hoteles y otros establecimientos de hostelería para reclamarles dinero por poner la radio, conectar un televisor o contratar una orquesta.
Para los ciudadanos son prácticamente desconocidas, pero los empresarios las conocen muy bien. Una de ellas es AGEDI, la Asociación para la Gestión de Derechos Intelectuales, que agrupa a los productores fonográficos y cobra por la exhibición de videoclips y por la música ‘enlatada’ de los hoteles. Otra es AIE (Artistas, Intérpretes y Ejecutantes), que actúa junto a la anterior y tiene derecho a percibir dinero por los mismos conceptos.
EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales), que integra a productores de cine y televisión, cobra por la retransmisión por cable y por la proyección de películas y series de TV en locales abiertos. Ha sido condenada por imposición de tarifas abusivas por el Supremo (sala de lo Contencioso-administrativo) pero tiene a su favor sentencias contra hoteles por el derecho sobre la televisión de las habitaciones. AISGE, (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) tiene derechos por la proyección de películas, retransmisión por cable y por el ‘pay per view’ (pago por visión).
Hay más agencias, pero éstas son las que afectan a la hostelería. Todas están autorizadas por orden del Ministerio de Cultura y nacieron en los años 90, al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual. Los hoteles mantienen con la mayoría contenciosos que se remontan a su fecha de nacimiento.
Los hosteleros burgaleses consideran un «abuso» la proliferación de este tipo de entidades. No escatiman en adjetivos -la mayoría peyorativos- para describir su modo de actuar: mafiosos, farsantes, ladrones, son algunos de los que utilizan los empresarios que ha consultado este periódico. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería, José Luis López, cree se trata de «una tomadura de pelo». Entiende que hay que preservar la propiedad intelectual, pero considera que los empresarios ya pagan por este concepto cuando compran un CD, una televisión o un equipo de radio. «Es que yo estoy pagando dos, tres y tropecientas veces por lo mismo; el uso que yo dé a mis adquisiciones es cosa mía», protesta.
Asimismo, no entiende por qué los hoteles han de desembolsar una cantidad de dinero por cada una de las televisiones que instala en su establecimiento. «Bastante inversión hacemos ya como para que nos frían con estos impuestos revolucionarios», afirma. Además, ignora el motivo por el cual debe pagar «cuando no hay clientes». «¿Alguien me pregunta por la ocupación cuando viene a cobrar?, nadie», se queja.
Abuso de poder
Para Jesús Segura, gerente del hotel Ciudad de Burgos, las prácticas de estas agencias son un «abuso de poder». Lo primero, se cuestiona «si son legales». Es consciente de que están autorizadas por el Ministerio de Cultura, «pero quién controla sus tarifas, quién controla a sus dirigentes, quién controla cómo se reparte lo que recaudan».
Además, «quieren cobrar por todo». Estas agencias piden dinero por los televisores, por los banquetes de boda, por el hilo musical en las habitaciones, «hasta por poner una fotocopiadora». Y «da igual que tenga clientes o no, que la factura llega igual», se lamenta.
Y en tiempos de crisis, «esta sangría» a la que someten las sociedades de autor a los hosteleros «no es justificable». «No lo era en tiempos de bonanza, pero por no meterte en procesos legales, que pueden ser caros, acababas pagando; ahora ya no lo ponemos tan sencillo», indica.
Iñaki Sicilia, gerente del hotel Velada de Burgos, considera que muchas de esas agencias nacieron «por puro amiguismo» y se han mantenido con los años casi «sin control gubernamental». Prueba de que su forma de proceder, incluso su existencia, no está acreditada es la cantidad de pleitos judiciales en las que se han visto inmersas en los últimos años. No comprende que los hosteleros «tengan que pagar dos veces por lo mismo». Si los que «disfrutan del televisor de la habitación o de la música son los clientes, los invitados a una boda, etc, por qué no les cobran a ellos». La respuesta en sencilla, porque los hoteles «tienen un domicilio fijo donde enviar las facturas».