Situación inédita y seria la que se vivió ayer en el Ayuntamiento de Burgos, entendido como tal todo el Ayuntamiento de Burgos. Se celebraba el Pleno ordinario de mayo y los agentes de Policía Local que no estaban de servicio se personaron pasadas las diez de la mañana en las inmediaciones con la intención, según defendieron a través de un comunicado, «de dejarnos ver sin pancartas, sin petardos, sin chalecos, sin una mala palabra; sin más», pero para evidenciar su descontento con el desacuerdo que desde hace meses se libra entre ambas partes por la aplicación de la jornada de 37,5 horas al calendario laboral de 2013.
Pero se toparon con los agentes que sí estaban de servicio y con un despliegue sin precedentes que les impidió el acceso al edificio consistorial. El Sindicato de Policías Municipales de España asegura que tal fue la concentración de uniformados allí que quedaron únicamente «cuatro policías para cubrir el resto de la ciudad».
Pero el problema vino cuando los funcionarios y ciudadanos que estaban dentro del bloque, al igual que los que estaban fuera, comprobaron que el edificio había sido blindado con el cierre de todas las puertas. Las principales fueron bloqueadas y las secundarias, o al menos algunas de ellas, como demuestran las fotografías remitidas a los medios por los propios funcionarios, estaban cerradas con cadenas y candados. Son puertas de emergencia.
Así que, mientras se lograba el objetivo perseguido de que el Pleno se celebrara con normalidad, en los accesos se estaba dando una situación insólita que enfadó, y mucho, a los afectados. El servicio de emergencias 112 recibió, según pudo confirmar este periódico, hasta ocho llamadas pidiendo la presencia de la Policía Nacional para poder acceder al Ayuntamiento (al principio) o abandonarlo (después). La primera de esas ocho llamadas se registró a las 10.34 horas.
El 112 actuó conforme a protocolo y derivó los avisos a Policía Nacional, pero la Policía Nacional no se personó. Algunos funcionarios aseguran que les contestaron que «tenían orden de no intervenir». Ese extremo no ha sido confirmado, pero sí lo está que hubo reuniones entre los representantes del equipo de Gobierno y la Subdelegación en las horas anteriores a los hechos para determinar una actuación a seguir ante la posibilidad de que ocurriera lo que ocurrió.
Pasadas las 11.15, y ante la ‘presión’ de los ciudadanos y funcionarios que exigieron la apertura de puertas, se levantó el bloqueo de la entrada principal, aunque el operativo de Policía Local se mantuvo para evitar la entrada de sus propios compañeros, algo que consiguieron.
Explicaciones
Las noticias de lo que estaba sucediendo en las puertas no tardaron en llegar al Salón de Plenos y la oposición comenzó a hacer preguntas que fueron relegadas al turno de ruegos y preguntas, cuando ya habían pasado tres horas desde lo sucedido. El concejal de IU, Raúl Salinero, trató de interrumpir la sesión, sin éxito, para pedir explicaciones y fue el edil socialista Antonio Fernández Santos quien preguntó por el «episodio desconocido».
«No es lógico que el edificio se haya bunquerizado cerrándose la puerta de entrada y salida», criticó, a lo que el propio alcalde, Javier Lacalle, contestó que «el Ayuntamiento no se puede cerrar en ningún momento y bajo ningún concepto», por lo que aseguró que ni él ni el concejal de Seguridad, Salvador de Foronda, habían dado la orden de tomar tal medida. Ya por la tarde, Lacalle confirmó a este periódico que encargará un informe de lo sucedido para saber quién dio tales órdenes, puesto que las evidencias de que así sucedió son palmarias.
El portavoz del Sindicato de Policías Municipales de España, Jesús del Álamo, aseguró que «había una orden de los jefes de Policía Local, que entendemos que vendrá de algún representante político, si no viene del alcalde, que prohibe a estos ciudadanos (en referencia a los agentes) acceder a dependencias municipales». A la vista de los acontecimientos, la orden acabó haciéndose universal.
Del Álamo advirtió que «esto está pasando de castaño a oscuro y va a tener la correspondiente respuesta judicial; van a tener que fundamentarlo mucho, porque de lo contrario pediremos la dimisión del alcalde porque esto empieza a dejar de parecer una democracia».
La primera de las denuncias anunciadas ya se plasmó ayer ante de Inspección de Trabajo y fue interpuesta por la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Además de «denunciar la situación vivida esta mañana (por ayer) en el Ayuntamiento», CCOO condenó que se impidiera el acceso «a empleados públicos y ciudadanos por medio del bloqueo de puertas», una circunstancias que «ha impedido el normal desarrollo de la labor de los empleados y puesto en peligro» a las personas «al estar cerradas con cadenas las puertas de seguridad». Piden, en consecuencia, que la Inspección «aclare dicha circunstancia y depure responsabilidades».
Por último, el presidente de la Junta de Personal, Federico Sanz, lo consideró una «barbaridad intolerable» y avanzó que la próxima semana habrá una reunión para analizar el «kafkiano» suceso y saber lo que todos quieren saber: «Qué mente lúcida ha dado la orden».