El Ayuntamiento de Burgos tendrá que indemnizar con casi 50.000 euros al empresario Carlos de Miguel por los daños causados al denegarle durante años el permiso de actividad de una de las oficinas que compró en 2005 en la primera planta de un edificio de la calle Soria, aunque el afectado había reclamado 1,2 millones de euros por un total de 7 locales. Considera la sentencia que el actuar de la administración le causó «unos daños y perjuicios... cuando en otros muchos supuestos idénticos al aquí tratado concedió la licencia de actividad» a los solicitantes.

La Sala de loContencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima parcialmente el recurso del propietario y eleva la cuantía que le reconoció en primera instancia el Juzgado de loContencioso Administrativo número 2 de Burgos, que fue de 15.890 euros más intereses legales, al considera que se debe incluir la tasa de basuras y las rentas perdidas por no poder alquilar el local.

Durante años, el Ayuntamiento exigió al empresario un acceso independiente al de las viviendas como requisito imprescindible para obtener la licencia, mientras que él siempre sostuvo que no era necesario porque ya cumplía la legalidad, al tener licencia de primera ocupación de uso terciario desde 1894 (antes del Plan General vigente entonces) y porque en otros casos parecidos sí se había concedido esa autorización, por ejemplo en la avenida del Cid 16, calle Vitoria 13, Madrid 17 o Constitución 37.

«Tanto de la prueba testifical practicada en autos, como de la distinta prueba documental aportada, se desprende con claridad y rotundidad que en supuestos similares el Ayuntamiento ha venido concediendo la licencia de actividad correspondiente para el uso de los locales», concluyen los magistrados delTSJ, para reseñar que aun en los casos de informes técnicos que exigían ese acceso, la Comisión de Obras votaba a favor de la concesión solicitada.

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