Las quejas contra los bares son una constante en las reclamaciones que recibe el Procurador del Común desde que se creó la figura hace más de 20 años. No hay ejercicio en el que no aparezcan. Y a pesar de recomendaciones a los ayuntamientos, el problema persiste. Tanto es así que ayer su titular, Javier Amoedo, puso en solfa la «pasividad» de los ayuntamientos a la hora de atajar las malas prácticas en las zonas de copas que perturban la tranquilidad de los ciudadanos.

A su juicio, esta desidia municipal, especialmente, «llega a producir un abandono total y absoluto de la normativa referente al control de las zonas de ocio», manifestó ayer el Procurador del Común, Javier Amoedo, durante la presentación del informe anual correspondiente a 2015 que entregó a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.

Amoedo considera que para lograr la erradicación de estas prácticas son necesarias medidas ejemplares contra los establecimientos que vulneran los horarios de cierre, emiten ruidos por encima de los niveles permitidos o el descontrol que se produce a la puerta de los bares (especialmente desde la prohibición de fumar con la ley antitabaco) que también repercute en los vecinos. Así, por ejemplo, cree que se debería «llegar al cierre» en el caso de detectarse reincidencia, como ocurre en muchas ocasiones y con la resolución de los expedientes en un plazo razonable porque la lentitud favorece que se produzcan traspasos y no se pueda actuar.

«Deberían valorar imponer como sanción no multa, sino otra medida alternativa prevista en la ley, como es la clausura del establecimiento o suspensión de la actividad por un periodo máximo de un año, al ser mucho más efectiva para garantizar los intereses de los vecinos», recoge en la memoria de este año.

Las quejas contra el medio ambiente, donde se engloban todas las referentes al ocio nocturno, son las terceras más comunes de las recibidas por el Procurador del Común en 2015, que batió un nuevo récord de reclamaciones al alcanzar las 4.329. Se trata de una cifra que puede llevar a confusión puesto que un solo caso, como fue la supresión de una unidad concertada en el colegio Corazón de María, de Palencia, propició 1.752 reclamaciones.

Una de las novedades del informe del año pasado está en que, por primer vez, León no es la provincia con más quejas (1.214), sino que la supera Palencia con 1.616. Se da la paradoja de que las quejas sobre el colegio son mayores que todas las registradas en la provincia palentina.

Javier Amoedo, en rueda de prensa en las Cortes, se mostró satisfecho de la colaboración de la Junta con la institución que preside al aceptar casi un 80 por ciento de sus resoluciones. El Procurador reiteró el argumento de que el número de ciudadanos que se quejan es superior a las quejas, dado que recibe denuncias colectivas que representan a más personas en una misma queja.