Menos del 20 por ciento de los procesos judiciales sobre la guarda y custodia de los hijos tras la separación o divorcio de la pareja acaban con la decisión de que esta sea compartida por ambos cónyuges, según los datos facilitados por Safe Abogados, quien subraya no obstante que cada año se producen más dictámenes en este sentido, a un ritmo actual de 10 al mes.

Durante los tres últimos años, de 2009 a 2011, en Burgos y provincia se concedieron 764 guardas y custodias a las madres frente a solo 47 para los padres y 183 para ambos cónyuges.

La tendencia podría cambiar, en opinión del despacho matrimonialista, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular el inciso del artículo 92.8 del Código Civil que establecía como preceptivo un informe «favorable» del fiscal para que el juez otorgue la guarda y custodia compartida de un menor, cuando no existe acuerdo previo entre los progenitores. Aunque la resolución sea «revolucionaria, el juez acabará en la mayoría de los casos diciendo lo que diga el fiscal, a fin de apoyarse siempre en alguien, y en caso de problemas, no tener responsabilidad, pues hará lo que diga el informe psicosocial y el fiscal», afirma el letrado Jaime Martínez.

La citada resolución argumenta que determinar si la guarda y custodia, en el supuesto de que la solicite uno de los progenitores sin el acuerdo del otro, es beneficiosa para el menor «no puede quedar sometida al parecer único» del fiscal, ya que con la legislación ahora anulada, si no concurre dicho dictamen el juez no está legitimado para acordarla o establecerla.

El TC dictamina así a favor de un padre que recurrió la sentencia que desechó la guarda y custodia compartida de su hija solicitada por él porque no existía informe favorable del fiscal.