El Ayuntamiento encargó hace un año la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que diseña toda la ciudad y que entró en vigor en abril de 2014 pero que debe adaptarse a las nuevas realidades que van surgiendo y no pueden esperar. El equipo de arquitectos de Ezquiaga, al que se le adjudicó la autorevisión por 133.100 euros, entregó un avance en julio, una ampliación en septiembre y el resto a comienzos de diciembre.
Sin embargo, los técnicos municipales del área de Planeamiento no han tenido tiempo de examinar toda la documentación para comprobar si las soluciones propuestas son satisfactorias o plantear correcciones, lo que empieza a sembrar dudas sobre si al menos la aprobación inicial con las alegaciones respondidas podrá ser una realidad antes de que concluya el actual mandato o de lo contrario quedará para el siguiente. «Una vez revisado el documento por los técnicos hay que someterlo a información pública y resolver las alegaciones. Una modificación tarda. Confiamos que esté pero es muy complejo», reconoce la concejala de Licencias, Ana Bernabé.
Este retraso tiene sus repercusiones en numerosos ámbitos de manera más o menos urgente como la necesidad de acotar los pisos turísticos especialmente en el centro histórico a edificios completos, regular la instalación de fachadas ventiladas en aquellas barriadas que tenían una imagen homogénea o los denominados locales ‘multifunción’ que se alquilan por horas o por días para celebrar reuniones de ocio y que tanto han proliferado en los dos últimos años.
También esperan como agua de mayo esta modificación los propietarios de suelo en Villonquéjar que han pedido que se anule el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 2009 para así poder renunciar a sus derechos urbanísticos. Quieren que el suelo pase de urbano a rústico dado que están pagando un IBImuy elevado cuando no hay visos de que ese plan se desarrolle.
La principal razón de esa revisión del PGOU es poder dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que anulaba cuatro sectores residenciales para albergar 14.000 viviendas nuevas al entender que una demanda de ese calibre «estaba muy alejada de lo razonable». Son el S-32 ‘Arlanzón’ (junto a la Milanera), el S-33 ‘Villatoro’, el S-35 ‘Villímar’ y el S-36 ‘Mirabueno’ pero además también dejaría en el aire dos grandes zonas verdes previstas como los parques de Fresdelval y Fuente del Rey al estar vinculadas a estas fichas urbanísticas.
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