El Ministerio de Fomento quiere recibir la autopista AP-1 en las mejores condiciones y para ello va a encargar un estudio del estado de la infraestructura (due dilligence) en el que se determinen «las actuaciones que debe llevar a cabo la concesionaria para que el estado de conservación previo a su entrega sea el adecuado», explicó José Luis Ábalos en el Congreso.

El nuevo titular de la cartera reconoció que en el caso de la vía burgalesa trabajan «contrarreloj» para tener a tiempo el «contrato de conservación integral» que será asumido «directamente por el Estado, como en el resto de la red», puntualizó el ministro.

Del mismo modo procederá con la AP-7 entre Tarragona y Alicante y con la AP-4, de Sevilla a Cádiz, aunque en ambos casos los tiempos apremian menos que en el burgalés por cuanto ambas concesiones vencen a finales de 2019.

Una vez resuelto el problema más urgente, Ábalos explicó su intención de «emprender un estudio sobre el modelo de red viaria que queremos tener en el futuro en nuestro país», con «coherencia» entre territorios, y «sentar las bases para los costes de mantenimiento en el futuro», por cuando «dejar de pagar peaje no significa que no paga nadie, sino que pagamos todos a través de impuestos», remarcó.

«Asumir estas autopistas requiere revisar las nuevas necesidades que puedan requerir como consecuencia de los incrementos de tráfico, la conectividad con otras redes de carreteras o la conveniencia de algunas actuaciones previstas ahora que las autopistas serán de uso libre y, por tanto, puedan ser saturadas», reconoció el ministro. Por ello, van a entablar conversaciones con la Diputación Foral de Álava, la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y la de Andalucía, de cara a «abordar con ellos la nueva conformación de la red viaria tras la supresión de estos peajes», que insistió es «una cuestión de equidad y de justicia».