En marzo de 2017 pasó lo que era de cajón que iba a pasar: la Justicia anuló por primera vez el cobro de una plusvalía cobrada por el Ayuntamiento a un ciudadano que demostró que había vendido su casa a pérdidas. Fue uno de los primeros fallos en toda España que recogió que allí donde no se ha producido un incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no se puede cobrar un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Parece de perogrullo, pero la mayoría de los ayuntamientos, no sólo el de Burgos, seguían cobrando porque esta vía de ingresos es capital para el equilibrio financiero municipal.
A partir de entonces, y a pesar de los esfuerzos municipales por ponerse de perfil, los ciudadanos que se encontraban en la misma situación comenzaron a negarse a liquidar el impuesto. Así, fueron muchos los que o bien pagaron y recurrieron el cobro al Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento (TEAm), o bien entregaron copia de las escrituras de compra y venta del inmueble en la Oficina de Atención al Contribuyente y comunicaron su negativa a abonar el impuesto.
Visto que la ciudad se enfrentaba a un tsunami de reclamaciones judiciales (con costas e intereses incluidos) muy difícil de contener, la decisión del área económica fue la de tramitar a través del TEAm las reclamaciones que se plantearan y dejar en manos de la Inspección de Tributos aquellas otras en las que el contribuyente se había personado en tiempo y forma en dependencias municipales pero se había negado a pagar atendiendo a las pérdidas recogidas en la venta. Paralelamente, el Ejecutivo local aludió de forma reiterada a la «inminente» resolución del Ministerio de Hacienda para determinar cómo proceder, algo instado a su vez por la Federación de Municipios y Provincias.
Pero pasaron los meses, estalló la crisis catalana, después se produjo una moción de censura y ni el gobierno anterior ni el actual han revisado el caso. Tampoco el Ayuntamiento de Burgos lo ha hecho, limitándose a acumular un procedimiento tras otro durante un año y medio. A fecha de hoy, el número de expedientes abiertos relacionados con plusvalías recurridas alcanza los 718. Teniendo en cuenta que se trata de una vía de ingresos muy notable, cabe suponer que la cifra en solfa ya se contabilizaría por millones de euros.
en sintonía con la justicia... o no. Según confirman desde el área económica municipal, ya se ha dado una respuesta del Tribunal Económico a un caso de cobro de plusvalías, y dicha respuesta ha estimado el recurso. Es decir, ha dado la razón al contribuyente y le exime de pagar el impuesto al haber acreditado la existencia de minusvalía. Eso va en clara sintonía con los tribunales, que después han dictado docenas de sentencias en el mismo sentido. Sin embargo, lejos de hincar la rodilla y admitir que se había producido un cobro indebido, se dio traslado de la resolución del Tribunal Económico a la asesoría jurídica «para ver si procede la declaración de lesividad de la resolución».
De esta forma, lo que se perpetúa es la situación de impasse en la que los ciudadanos no obtienen respuesta y la administración continúa acumulando expedientes. Teniendo en cuenta que ha llegado a ‘alegar’ contra sí misma al pedir a la asesoría jurídica que diga si la citada resolución del TEAm es lesiva o no, parece que el asunto va para largo... O quizás no. «A la vista de que no se ha aprobado ninguna modificación legal», en Tesorería están pensando en «elaborar una instrucción para ver cómo actuar en los casos en los que no quieren autoliquidarse». Se trataría de saber «cómo proceder y qué valores tomar como referencia».
A la sordera del ministerio con este problema, que es extensivo a todos los municipios con capacidad legal para recaudarlo, se suman las carencias del consistorio capitalino en algunas áreas nucleares para su funcionamiento. El propio TEAm estuvo meses parado por la falta de personal y la consecuente dimisión de su anterior presidente, Eduardo Yepes, y en la Inspección de Tributos no hay ni jefe adscrito al servicio.