La cruzada emprendida hace ya  siete años por el periodista raudense Jesús Maté y su madre Teófila Adrado contra la estación de telefonía móvil instalada en el Centro Juvenil de Roa y cuyas inquietantes antenas están situadas a cinco metros de la casa familiar, ha llegado a la Fiscalía de Burgos después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda hubiera sobreseído y archivado sendas denuncias presentadas por entender que no resultaba debidametne justificada la perpetración de delito.

Los afectados trasladaron a finales del año pasado un escrito al Ministerio Fiscal poniendo en su conocimiento una serie de hechos e indicios de presuntas «malas prácticas» en el Ayuntamiento raudense que en gran medida se remontan a los mandatos del exregidor popular David Colinas.

Fruto de la misma, según ha podido saber DB, hace unas semanas la Fiscalía remitió un escrito al Consistorio raudense solicitando información, al menos, según reconoce la actual alcaldesa, Carmen Miravalles,  relativa a los contratos de la estación de telefonía y de la plaza de toros. «Nos han pedido la información, la documentación se les ha remitido hace tiempo y estamos a su disposición», manifestó.

En la denuncia exponían que el Ayuntamiento  «en connivencia» con Telefónica, Vodafone y France Telecom han construido una inmensa estación radioeléctrica en el citado edificio público, donde se desarrollan múltiples actividades para niños, jóvenes y ancianos, y a escasos metros de las viviendas colindantes, inciendo, pese a que hay informes en sentido contrario, en las perniciosas consecuencias de las radiaciones para la salud.

Según sus últimas averigüaciones «no por información municipal» sino a través de la Jefatura Provincila de Telecomuniaciones han llegago a constatar 9 estaciones distintas, más otros sistemas adjuntos, en el mismo inmueble, y según apunta Maté, recientemente se ha instalado la tecnología 4-G sin que se haya consultado ni dado ningún tipo de información a los vecinos del entorno.

Cuestionan que el juzgado archivara las demandas sin abrir diligencias para que se conociera el expediente municipal, y denuncian que, sin haber llegado a conocerle, con todos los contratos firmados, «pasado el tiempo los indicios se van acumulando».

Censuran que no se puedan conocer los contratos  del Ayuntamiento y advierten de que  «es muy sospechoso» el secretismo con que se llevan asuntos que deberían ser públicos. Y sostiene que en las pocas contestaciones que han recibido a sus cartas incurren «en contradicciones». «Primero nos dicen que no reciben ningún ingreso de las empresas de Telefonía y en otra carta nos hablan de unos 3.000 euros a repartir entre todas las estaciones. Un negocio redondo y turbio ¿para quienes?», se preguntan.

A la Fiscalía le adjuntaron una serie de instancias enviadas al Consistorio solicitando transparencia que, según ellos, no les han contestado.Unos escritos que según sostienen  resumen «los asuntos sospechosos de malas prácticas y de corrupción reconocida».

Entre los temas sobre los que siembran dudas, hablan del pago de 40.000 euros a una empresa taurina por la organización de la feria «sin concurso público ni explicaciones, contratos con empresas de comunicación «para controlar la información» o «regalos» de propiedades públicas a empresa privadas como la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Asimismo Maté habla de contabilidad ficticia, indicando que supuestamente ha habido pagos en dinero negro por parte de la anterior corporación municipal en el tema taurino «reconocido por la actual alcadesa - refleja en el escrito enviado a la Fiscalía-, anteriormente concejal durante 8 años, y que me contestó personalmente ‘tengo las pruebas en casa’».

Los denunciantes, que aseguran que su única pretensión «es saber la verdad» han aportado posteriormente también a la Fiscalía la aprobación por decreto de la Alcaldía  el 14 de octubre de 2005 un complemento de productividad mensual de 500 euros para el secretario-interventor.