Ni siquiera lo saben muchos de sus 115 habitantes censados. Es un procedimiento que de momento les resulta ajeno. Pero si en pocas semanas empiezan a recibir en sus domicilios comunicaciones de la Gerencia del Catastro tampoco deberían asustarse. Solo es que Alfoz de Santa Gadea (situado junto al Embalse del Ebro, muy cerca ya del límite con Cantabria) ha sido el municipio escogido en la provincia de Burgos para arrancar este año el proceso que ha sido bautizado como ‘amnistía catastral’.
Consciente de que existe una realidad oculta y que los métodos coercitivos a veces no resultan efectivos, el Gobierno central ha aprobado un proceso de regularización que permitirá a los propietarios de inmuebles no declarados (parcial o totalmente) normalizar su situación pagando únicamente 60 euros más la proporción del Impuesto de Bienes Inmuebles que no se haya abonado durante los últimos cuatro años. Con eso quedaría en paz con la administración.
El objetivo de esta iniciativa de gran calado es peinar el conjunto del territorio nacional de aquí al ejercicio 2016, pero para empezar por algún sitio se ha establecido un listado de municipios que formarán parte de la primera fase, hasta el 30 de abril de 2014. Y tal y como reflejó el Boletín Oficial del Estado en su edición del 5 de octubre, solo aparece el Alfoz de Santa Gadea como representante burgalés en el listado de 175 ayuntamientos de toda España que formarán parte del paquete de arranque.
Y no es que el municipio burgalés escogido presente características ‘sospechosas’, pues no ha sido una gran víctima de la burbuja inmobiliaria ni ha atraído la construcción de promociones como en el caso de otras localidades, sin ir más lejos en las propias Merindades.
Tal y como explican desde la Gerencia Territorial del Catastro, la designación obedece a «una priorización» que se realizó «en base a una serie de factores, como antigüedad de la última revisión, estar incluidos o no en el convenio con Diputación y otros».
Ojo a las reformas
Desde ya, los propietarios de Alfoz (que comprende las juntas administrativas de Santa Gadea del Alfoz, Quintanilla de Santa Gadea e Higón) tendrán que tener cuidado con haber declarado convenientemente las modificaciones en sus propiedades.
Por descontado, las obras nuevas. Pero también cualquier otro cambio relevante que haya derivado de una reforma y que en definitiva afecta al valor catastral del inmueble y por consiguiente al pago de impuestos.
Pese a que la ‘amnistía’ supone una novedad y por tanto están expuestos a encontrarse con novedades inesperadas, la Gerencia Territorial del Catastro no espera grandes sorpresas: «en esta provincia venimos haciendo este tipo de trabajos desde hace años, en colaboración con Diputación con la que tenemos un convenio de colaboración y por tanto pensamos que no se detectará una cantidad de omisiones significativa, dado que en los últimos años hemos incorporado una gran cantidad de unidades», confían.
El proceso de amnistía impulsado por el Estado tendrá como uno de los principales beneficiarios a los ayuntamientos, pues a partir de la regularización y de que salgan a la luz las revalorizaciones ocultas podrán cobrar más por el IBI, una de las grandes fuentes de financiación municipales.