El pequeño pueblo burebano de Alcocero de Mola ha sido esta semana, con apenas treinta habitantes censados, carne de los telediarios nacionales a raíz del anuncio realizado por el abogado madrileño Eduardo Ranz sobre su intención de denunciar por incitación al odio a ocho alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista, al considerar que incumplen la Ley de Memoria Histórica. Entre ellos se encuentra Alcocero de Mola.

Su alcalde, Juan Bautista Sagredo (PP), declaró horas después de saltar la noticia que «es una pérdida de tiempo y de fondos porque la historia está ahí y no se puede cambiar, la cuestión está en no repetirla» y agregó que la localidad no tenía previsto hacer ningún cambio en el nombre. Sin embargo, 48 horas después, el edil ha reconsiderado su posición y afirma que  hará «lo que marque la ley» y que «si hay que cambiarlo, se cambiará».

Por otro lado, indica que él no ha recibido personalmente la denuncia anunciada por el abogado Ranz. El regidor burebano subraya que está en su cargo de primer edil con ‘carácter accidental’ puesto que el alcalde electo Jesús María Estefanía falleció a los pocos meses de celebrarse las elecciones. Sobre la opinión de los vecinos del pueblo acerca de la polémica del apellido ‘Mola’, Sagredo señala que «es un tema del que no se habla en el pueblo» y agrega que «a la gente le da más o menos igual». Varios vecinos consultados por DB, algunos de ellos a favor de que suprima el apellido, le dicen al abogado madrileño que «hay cosas más importantes de las que preocuparse como la corrupción y la crisis económica del país» y en clave local denuncian la mala cobertura de telefonía móvil y de cadenas de televisión en el municipio y también de atención médica por falta de sustitutos.

Desde 1937

Alcocero fue rebautizado como Alcocero de Mola en referencia a la muerte en un accidente aéreo en 1937 registrado en las cercanías de esta localidad burebana del general Emilio Mola, perteneciente al bando sublevado durante la Guerra Civil. Este militar desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Fue también el cabecilla del golpe de Estado de 1936 que, tras su fracaso inicial, dio origen a la guerra civil.

En las proximidades donde ocurrió el accidente se construyó un monolito de unos 20 metros de altura con una escalera en su interior para subir a la parte alta que puede ser divisado desde varios puntos de la comarca. Fue inaugurado en el año 1939 por Francisco Franco. Otras localidades castellanoleonesas denunciadas por el letrado Eduardo Ranz son Águeda del Caudillo (Salamanca), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). El alcalde del municipio salmantino de Ciudad Rodrigo ha dado la orden al alcalde pedáneo de Águeda del Caudillo para que convoque una Junta Vecinal extraordinaria con el fin de que se cumpla la Ley de Memoria Histórica y cambien el hombre al pueblo.

En el caso del municipio soriano de San Leonardo de Yagüe,  su alcalde ha declarado  que convocará al pleno municipal en los próximos días para cumplir la ley de la Memoria Histórica y suprimir el apellido del nombre de la localidad.

Valladolid

En el caso del municipio vallisoletano de Quintanilla de Onésimo, su regidor ha advertido de que cambiar el nombre del municipio «no es una demanda prioritaria de los vecinos», aunque ha reconocido que podrían estar obligados al cambio por la Ley de la Memoria Histórica. El alcalde ha dicho que «de momento» no tiene intención de convocar un pleno para propiciar el cambio.