Justicia ayuda a la Benemérita a destruir o devolver bienes incautados

I.E. / Burgos
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Los atestados cuarteles de la Benemérita empiezan a despejarse de chatarra y vehículos intervenidos. Los juzgados determinan qué efectos ya no son prueba en procesos abiertos

Droga, material y vehículos incautados por la Guardia Civil en una operación. - Foto: Valdivielso

En la última visita del secretario general del Ministerio de Justicia, Joaquín Silguero, a Burgos se reunió con el teniente coronel Miguel Salom Clotet, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Éste le expresó que los cuarteles de la Benemérita están desbordados por la cantidad de efectos intervenidos que han de almacenar hasta que se cierran las causas en que es precisa la presencia de unos objetos que constituyen pruebas judiciales.

En dicho encuentro acordaron trabajar de forma coordinada la Guardia Civil y la Oficina Judicial  con el fin de descargar los atestados acuartelamientos del Instituto Armado. Éstos custodian numerosos vehículos y chatarra relacionados con distintos delitos, unas piezas de las que hasta ahora ignoraban cómo desembarazase. Por ello, los 32 cuarteles de la provincia están llevando a cabo un inventario de todos estos efectos que guardan. Cada uno está unido a un atestado que será enviado hasta los juzgados a fin de establecer a qué procedimiento se corresponde y en qué momento procesal se encuentra. Si ya se ha celebrado juicio y hay sentencia, podrá destruirse el objeto o devuelto a sus propietarios. De esta forma, la Guardia Civil podrá desprenderse de numerosas piezas.

Estas piezas de convicción -que son prueba en muchos procesos judiciales- son almacenadas en los cuarteles a petición de los juzgados burgaleses, que no cuentan con un espacio adecuado para albergar efectos de gran tamaño. Pero lo cierto es que la Benemérita tampoco posee un depósito destinado a esta finalidad, con lo que sus inmuebles se convierten en almacenes improvisados.

Los acuartelamientos del Instituto Armado -por su naturaleza mixta (residencia de agentes y establecimiento oficial)- no es un lugar adecuado para custodiar coches o fardos de cobre.

Por otra parte, el Ministerio del Interior y Justicia trabajan en encontrar un recinto en el que Guardia Civil pueda almacenar todos esos efectos, lejos de los acuartelamientos. El depósito que custodie este material debe reunir unos requisitos de seguridad que empiezan por contar con vigilancia las 24 horas del día, pues en él no se guarda cualquier cosa. Se trata de elementos que pueden ser requeridos por la Fiscalía o por las partes en cualquier juicio.

Además, muchos vehículos incautados son subastados después de un proceso como parte de la condena a los autores, por ejemplo de un delito de tráfico de drogas. Y para sacar el máximo rendimiento a la puja, el automóvil ha de estar en buen estado de conservación. También puede ocurrir que haya que devolverlos a su legítimo propietario y éste ha de recibirlos en buen estado, pues de lo contrario cabe la posibilidad de que presente una demanda por daños.

En los sótanos del edificio de los juzgados de Reyes Católicos se almacenan pruebas de pequeño tamaño, no tiene las dimensiones apropiadas para acoger efectos de gran tamaño. Por ello se quedan en dependencias de la Guardia Civil. Un ejemplo. Si en Belorado detienen a un vehículo con droga, las  diligencias pasan al juzgado de Briviesca, que solicita al cuartel de la localidad beliforana que custodie el coche hasta la celebración del juicio.

Pero es que muchos efectos -además de vehículos, maquinaria agrícola, depósitos de combustible, cobre- no solo deben ser conservados hasta la fecha de la vista oral y posterior sentencia. Muchos han de permanecer en custodia hasta que quedan resueltos todos los recursos que admite una causa judicial, con lo que pueden quedarse en un cuartel de la Guardia Civil durante años.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos los juzgados de Instrucción sobreseen las causas de forma provisional, con lo que los objetos asociados a estos procedimientos muchas veces han de custodiarse hasta que el delito prescribe.