Pagar mal sale caro. Mucho. En el caso del Ayuntamiento de Burgos el paradigma de esta práctica se vivió en los años 2010 y, muy especialmente, 2011, ejercicio electoral en el que los cortes de cintas inaugurales se solapaban pero que legó 54 millones de euros en facturas que redujeron a lo esencial el programa de Gobierno con el que Lacalle llegó a la Alcaldía.

Además de abrir un agujero negro que ha fagocitado los anhelos de pabellones arena y bulevares made in Suiza, el impago o, en el mejor de los casos, el pago fuera de plazo de miles de facturas está costando un pico a todos los burgaleses, que ven como una parte de sus impuestos que podría estar redundando en la mejora de los servicios públicos o en inversiones que desperecen la economía local se van por el sumidero de los intereses.

El paradigma es el ya famoso ‘Plan Montoro’. De aquella se abonaron 23 millones, cierto, pero se hizo con un crédito que circula a razón del 5% anual. Un potosí. No es el único. La enésima prueba está en un decreto de Tesorería que el heredero de aquel cuestionable legado, Salvador de Foronda, tuvo que firmar el pasado mes de marzo. La historia se las trae, pero les avanzamos la cifra: 99.639, 38 euros pagados para no obtener absolutamente nada a cambio.

El escenario en el que arraigan los hechos es el primer semestre de 2011. La crisis ya pegaba duro en las costillas del ciudadano, pero el Ayuntamiento todavía vivía en un contexto de vino y rosas soportado con créditos multimillonarios y con espesas alfombras bajo las que atesorar facturas impagadas que permitían mantener la inercia.

En la recta final de la anterior legislatura hubo decenas de obras ejecutadas por toda la ciudad, y una de las empresas que mayor porcentaje de ellas recibió fue Tebycon. Sólo entre los años 2009 y 2010 la constructora ahora liquidada recibió obra municipal por valor (en presupuesto base de licitación) de 9.823.555 euros. Únicamente le superaron otras seis empresas: (Copsa, 24, 2 millones; Contratas y Maquinaria, 18,9 millones; Construcciones Ortega, 17,8 millones; Arranz Acinas, 17,8 millones; José Piedra, 14,8 millones y Jovilma, 14,2). En un bienio.

La reclamación

Después, claro, había que cobrar. Y eso no siempre fue fácil. Tebycon presentó un contencioso  contra la desestimación, el 3 de mayo de 2011 y por presunto silencio administrativo, de los intereses de demora que reclamaba por nada menos que 70 certificaciones (facturas parciales) de hasta ocho obras municipales, algunas multimillonarias.

Concretamente, exigía que se indemnizara el pago atrasado de siete certificaciones de las obras de construcción de las glorietas de la avenida Castilla y León; nueve por la urbanización del antiguo pueblo de Gamonal; otras tantas por la plaza de San Agustín; siete por la segunda fase de las mejoras en Castañares; 13 por la reforma de calles en el polígono de Gamonal-Villayuda; ocho por la glorieta de Eladio Perlado con Antonio García Martín; 10 por el ensanche del Puente Castilla y siete más por la urbanización de la calle Santa Bárbara y la nueva plaza de Fátima.

El Ayuntamiento, tal y como se recoge en el decreto, trató de sacudirse el diferencial a través del silencio, pero no coló. El 8 de noviembre de 2013 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso de Tebycon. Tocaba echar cuentas, y las conclusiones ya se conocen.

Los intereses empiezan a contar a partir del transcurso de 60 días desde que se expide la certificación, tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público. No cupo defender el silencio o la prescripción de la reclamación porque la empresa la interrumpió pidiendo que se le pagara la demora en mayo de 2011. Pero no se hizo, así que la cuantía había que calcularla desde entonces hasta que se produzca el abono. Los dos años transcurridos entre una cosa y otra han estado engrosando el coste de la morosidad.

La consecuencia: 99.639,38 euros a pagar a los que se hará frente con cargo al presupuesto municipal actual (2014). Y lo peor es que ni siquiera a Tebycon le servirá para algo ese dinero. La empresa entró en concurso y está siendo liquidada (recientemente se subastó en público su maquinaria de obra), así que el dinero irá a parar a la cuenta señalada por la administración concursal.