El número de abortos tramitados y pagados por el Sacyl se incrementó el año pasado en un 44% con respecto a los datos de 2010, cuando entró en vigor la ley de plazos. En concreto, el servicio regional de salud derivó y pagó 348 interrupciones frente a las 194 de 2010, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Hay que tener en cuenta que a partir de julio de 2010 cualquier mujer mayor de 16 años puede poner fin a su embarazo antes de la semana 14 sin dar explicaciones y a través de la sanidad pública, por lo que al mismo tiempo que se incrementan las intervenciones por esta vía se están reduciendo las practicadas en las clínicas privadas y que pagan las mujeres al cien por cien. Es decir, que las cifras globales se mantienen más o menos estables con respecto a otros años, según explica el portavoz de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) en Castilla y León, Eugenio Civieta.

El Ministerio de Sanidad publica los datos relativos a los abortos efectuados con más de un año de retraso, por lo que ahora acaban de colgar en su página web las cifras definitivas del año 2010. Entonces, en la provincia hubo un total de 459 interrupciones, de los que 194 corrieron a cargo de Sacyl y 265 los pagaron las gestantes. Los datos relativos a 2011 tardarán meses en publicarse, por lo que todavía no es posible conocer las cifras de intervenciones que pagaron íntegramente las mujeres;solo se conocen los datos del Sacyl que, como se indica en el primer párrafo, tramitó 348 interrupciones y tuvo que incrementar considerablemente el presupuesto para atender esta prestación.

Según el último catálogo de precios por las prestaciones sanitarias en la comunidad aprobado por la Junta, el coste de un aborto oscila entre los 454,81 euros si el feto tiene menos de 50 días de gestación y puede practicarse a través de la administración de fármacos, los 428,05 euros si tiene menos de doce semanas de gestación o los 1.700 euros si es a partir de la semana 23. Este último supuesto solo está autorizado si un comité compuesto por varios médicos determina que el feto tiene «malformaciones graves o incompatibles con la vida».

En cualquier caso, fuentes de la Consejería de Sanidad señalaron que el Sacyl pagó 149.920 euros por los abortos practicados a mujeres burgalesas. En toda la comunidad, se invirtieron 703.815 euros en esta prestación que, tiene muchas probabilidades de ser eliminada de la cartera de prestaciones básicas.Tanto el Ministerio de Justicia como el de Sanidad ya han afirmado en varias ocasiones que se revisará tanto la ley de plazos como su mantenimiento dentro de la cartera de prestaciones básicas de servicios. Sin embargos, aún no se ha concretado nada ni en un sentido ni en otro.

Al margen del incremento en Sacyl y de la reducción de la vía privada, el portavoz de Acai en Castilla y León, Eugenio Civieta, considera que hay otro factor que puede haber influido en un ligero repunte de las cifras. En concreto, Civieta explica que antes de que entrara en vigor la ley de plazos y con el objetivo de preservar la intimidad de las pacientes, había más opacidad en los datos que se remitían al ministerio. Desde el cambio de normativa y con la ley de protección de datos en vigor, este aspecto ha cambiado y hay más veracidad en cuanto a los datos porque todo el proceso se realiza con un número y no hay necesidad de facilitar datos personales.