El presidente de la Generalitat, Artur Mas, consideró ayer inaudita la velocidad «supersónica» con la que ha actuado el Tribunal Constitucional (TC) ante la convocatoria de la consulta de autodeterminación del 9-N, cuyo decreto de consulta firmó el pasado sábado con el objeto de entorpecer lo máximo posible la ingeniería jurídica del Estado agotando todos los plazos posibles.
Durante la presentación del Libro Blanco que recoge los informes sobre el proceso que ha hecho el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), el líder convergente sostuvo que nunca antes en democracia el TC había celebrado un pleno extraordinario sin esperar ni siquiera un día, después de que el Consejo de Ministros acordase, horas antes, la presentación de sendos recursos contra la convocatoria de la votación y la Ley de consultas aprobada por el Parlament el pasado día 19.
Tras cuestionar el papel del presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, recordó que la Cámara autonómica pidió su recusación por dos motivos: su «larga militancia en el PP» y haber manifestado animadversión hacia asuntos vinculados con Cataluña y su autogobierno.
En respuesta a la intervención que hizo tras el Consejo de Ministros extraordinario el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, Mas negó que la consulta del 9-N sea un referéndum de carácter encubierto.
También criticó el barcelonés que afirmara que es ilegal antes de que se pronunciara el tribunal -«Es Montesquieu en estado puro», ironizó-, para luego reivindicar la potestad de la Generalitat de proponer cambios normativos sin límites, así como la necesidad de que el Gobierno central escuche la voluntad popular antes de tomar cualquier iniciativa institucional, política y legal.
Asimismo, invitó de nuevo al Gabinete de Rajoy a ser el que pregunte a los catalanes si consideran que no se puede hacer como se plantea desde la Generalitat, aunque lamentó que tampoco acepte: «Ni preguntan ni dejan preguntar. Probablemente, lo que de verdad temen es la respuesta. Les da miedo la respuesta, cuando lo que debería darles miedo es que no pueda haberla».
Horas antes, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, afirmó que aunque el Tribunal Constitucional suspendiera la convocatoria y la Ley de Consultas de forma cautelar, su Gabinete presentará alegaciones y seguirá trabajando en la organización del 9-N.
Eso sí, recalcó que el Govern hará «un equilibrio para no poner en riesgo a los funcionarios» y los empleados públicos que participen en las labores logísticas y de organización de la consulta secesionista. Yes que conviene recordar que la semana pasada, el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) José María Mena afirmó que, una vez se suspenda la Ley de Consultas, los cargos públicos que trabajen para el 9-N podrían ser juzgados y condenados. «Hoy estamos ante uno de los errores más grandes de la democracia española por parte del Gobierno», comentó el convergente, que aseguró que el debate soberanista catalán no se terminará únicamente con la suspensión de la consulta.
Mientras, el frente independentista prepara la hoja de ruta a seguir, así como una campaña que, en el caso de ERC, se volcará para convencer a los indecisos. Ya hay 100.000 voluntarios para el puerta a puerta.