La sesión de control al Gobierno central sirvió ayer para poner de manifiesto qué une y qué separa al Ejecutivo y al PSOE respecto al desafío soberanista catalán. Los socialistas respaldan la estrategia del presidente Rajoy para impedir que se celebre el referéndum anunciado por el líder de la Generalitat, Artur Mas, para el 9 de noviembre, pero critican su «inmovilismo» a la hora de buscar una solución que, dicen, pasa por reformar la Constitución hacia un Estado federal.
En este sentido, el portavoz del bloque progresista, Antonio Hernando, apoyó sin reservas la decisión del Ejecutivo de recurrir ante el Constitucional la Ley de consultas de la región mediterránea y el decreto de convocatoria del referéndum porque «no es constitucional» ya que «no se puede preguntar a una parte de la ciudadanía sobre una decisión que corresponde al conjunto de los españoles».
Sin embargo, exigió «valentía» y «diálogo» a Rajoy para llevar a cabo una reforma constitucional «con perspectiva federal» para «reconocer mejor las singularidades de las comunidades autónomas». Es necesario hacerlo, dijo, «porque las consecuencias de este proceso se van a extender en el tiempo más allá del 9 de noviembre». La posición socialista se resume en una frase que pronunció el propio Hernando: «No habrá referéndum, pero no podemos conformarnos con interponer los recursos; hay que hacer más cosas».
CONCRECIÓN. En su respuesta, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, agradeció al PSOE «el apoyo que nos brinda como principal partido de la oposición» y su «sentido de Estado». Así, la vallisoletana se mostró convencida de que la «defensa» y el «respeto» a la ley «con independencia de de las posiciones ideológicas de cada uno» son «la fortaleza de nuestra democracia» y la manera de «preservar el futuro en común». Sin embargo, respecto a la reforma, volvió a mostrar su escepticismo, y pidió «responsabilidad» a Ferraz «a la hora de plantear el cómo y el cuándo de otras propuestas». Y es que en el Gobierno piensan que no existe un mínimo consenso para abrir la caja de Pandora. Además, le acusó de falta de concreción.
En este sentido, la popular lanzó a Ferraz varias preguntas: «¿Qué es un Estado federal? ¿Qué implica ese modelo de federalización respecto al actual Estado de las autonomías». Además, le pidió que aclare si el «reconocimiento de hechos singulares» implica «nuevas competencias exclusivas» para algunas comunidades.
De reforma de la Carta Magna habló también el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el portavoz de CiU, José Antonio Durán i Lleida. Ambos mantuvieron un encuentro en la Cámara Baja al término del cual, el primero aseguró que su propuesta no pretende «hacer tabla rasa» de la Constitución, sino «actualizarla» e «incorporar lo que sucede en la calle» para acercar a los ciudadanos a las instituciones.
En este sentido, explicó que se trata de ir hacia un modelo federal que sirva para «reordenar las competencias» de las comunidades y hacer un Estado «mucho más eficiente y barato». Además, aseguró que hay que incluir en la Constitución «lo que es normal en la calle» como por ejemplo, dijo, nuevas formas de convivencia familiar, los derechos de la mujer en la sucesión a la Corona, o la supresión de la pena de muerte en situaciones de guerra.
También confirmó el madrileño su entrevista secreta con Rajoy el lunes pasado, y aseguró que le ve «cada vez más enrocado» en su negativa a cambiar la Ley fundamental, «algo cada vez más necesaria». «Su inmovilismo no garantiza la unidad de España», repitió.
Por su parte, Durán Lleida advirtió de que la reforma de la Constitución no servirá para «diluir el problema catalán». Además, aseguró que no podía valorar la propuesta del PSOE porque no tiene aún «contenido» concreto. Eso sí, valoró de forma positiva que frente a la «actitud numantina» del PP que se mueve «en clave electoralista» y «a golpe de encuestas», el PSOE presente una alternativa basada en el diálogo. Eso sí, mostró su reticencia a que esta iniciativa abra en canal la Carta Magna. «No se puede tocar todo», dijo en alusión a asuntos como el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna.