El motivo en el que el concejal Eduardo Villanueva, suspendido mientras se analiza qué pasó con una tarjeta de móvil que él manejó, basa su defensa de cara a sus compañeros es que la utilización del duplicado no tuvo coste alguno para las arcas públicas. Así se lo ha hecho saber a varios compañeros del Ejecutivo de Javier Lacalle y así lo ha venido manteniendo, si bien de inicio también mantuvo que no hizo uso de la tarjeta y ya está demostrado que sí fue así.
Más allá de que quepan preguntas importantes por resolver, como por ejemplo dónde y para qué se ha utilizado el duplicado del departamento de Informática del Ayuntamiento, también está por ver si, efectivamente, toda la facturación subsidiaria de esa línea cuando no estaba cubierta por la tarifa plana no llegó a ser pagada o si se abonó y fue devuelta por la compañía.
Esta ‘pieza’ del caso es sobre la que hay que arrojar luz en otra parte importante del informe global cuyo contenido íntegro se espera conocer a lo largo del día de hoy. Sin embargo, las dudas que pesan sobre el proceso de pago y sobre lo que pudo suceder con esas facturas no son menores que las vinculadas al uso que se le dio a la tarjeta.
Para empezar, y solo para empezar, la factura más elevada de todas, de 128.000 euros, que a su vez era subsidiaria de otra que incluía los 207.000 facturados a la línea del duplicado pero a la que posteriormente se aplicaron los descuentos, se pagó con cargo al Plan Montoro pese a que no debió hacerse. O sí, porque ya nadie es capaz de asegurar qué ocurrió en un procedimiento, cuando menos, extraño.
Lo que sí está en los papeles, concretamente en una resolución de Intervención que pueden ver sobre estas líneas, es un Decreto de Alcaldía firmado (por delegación) por el actual concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, en el que se especifica que un grupo de facturas, entre ellas la de 128.000 euros, no debían pagarse por no cumplir con los requisitos del Plan Montoro. Se alude, concretamente, a que no está registrada y a que, por tanto, no ha de ser abonada por este procedimiento. La negativa data del 25 de mayo de 2012.
El 27 de junio Telefónica recurrió para lograr el cobro de esas facturas y el 28 se pidió informe a uno de los departamentos gobernados por Villanueva, Ingeniería Industrial, «a los efectos de verificar el cumplimientos de TODOS los requisitos» del Plan Montoro.
El informe de Ingeniería Industrial señala que las facturas «corresponden a consumos de telefonía prestados por la empresa Telefónica Móviles España S.A. en abonados de titularidad municipal y por importes adecuados, por lo que han sido informadas favorablemente desde la Sección de Ingeniería Industrial».
A partir de ahí se produjo, tal y como avanzó este periódico, el pago de la factura de 128.000 euros que supuestamente nunca debió abonarse. Pero hay más. Según fuentes consultadas por este periódico, los servicios económicos del Ayuntamiento echaban humo ayer por la tarde para comprobar que el resto de las facturas en las que había habido un impacto directo de miles de euros por el consumo desde el duplicado, entre diciembre de 2010 y abril de 2011, no se pagaron dos veces. Sí, como lo leen.
Entre todas suman 30.000 euros y ayer no estaba claro si por un lado se pagaron las facturas con los descuentos aplicados y, por otro, sin ellos. El detonante de esta situación pudo ser que, al no encontrar los originales de las facturas en las que el impacto del consumo del duplicado era brutal, se solicitaron copias de las mismas a la compañía. Ahí se multiplicó su existencia y el resto de lo que pasó es algo que debe quedar claro a lo largo del día de hoy. Eso, y si efectivamente todo esto no tuvo coste para la ciudad, como sostiene Villanueva que, paralelamente, sigue sin explicar para qué usó el duplicado.