Expertos en Derecho han coincidido hoy en señalar que sería positivo para la región que los diferentes partidos políticos llegasen a un “consenso necesario” para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y poder articular la vida política de la región de cara a las próximas décadas. Así valoran que exista “cierta voluntad” de encontrar “puntos en común” para hacer una puesta al día del estatuto en cuanto a calidad democrática.

La Cátedra de Estudios de la Fundación Villalar-Castilla y León-Universidad de Burgos ha organizado esta tarde en la Facultad de Derecho la Mesa Redonda 'La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: propuestas de regeneración democrática', en la que han participado Luis Delgado del Rincón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos y secretario de la Cátedra de Estudios; Carlos Ortega Santiago, secretario general de las Cortes de Castilla y León y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; Manuel Augusto Martín de la Vega, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y vocal de la Junta Electoral de Castilla y León; Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional de la UVa y ponente por el Grupo Parlamentario Socialista en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León del año 2007.

En declaraciones a la Agencia Ical, Martín manifestó que debido a ese consenso inicial “podemos ser los primeros en llegar a ese pacto autonómico o uno de los primeros” en elaborar una reforma que tiene una serie de “líneas calientes”, como el asunto referente a las cuestiones electorales. En este punto en concreto, todos inciden en que “es el tema que más distancia” marca entre unos partidos y otros, y el que hará que el debate se alargue en el tiempo debido a las divergencias ideológicas de unos y otros.

“Por una parte, el PP está proponiendo reducir el número de procuradores y por otra, otros buscan lograr mayor proporcionalidad”, señaló Ortega, consciente de que los objetivos de las partes implicadas pueden causar ciertos “choques”.

Sin embargo, los ponentes entienden que “ese tipo de cuestiones no es lo fundamental” en una propuesta de reforma que, de salir adelante, sería la cuarta modificación. Así, pusieron sobre la mesa el énfasis en otros asuntos que se “deberán estudiar”, como la supresión de los aforamientos, las incompatibilidades de procurador y concejales de municipios con determinada población, la obligación de realizar debates electorales y la limitación del número de mandatos para los presidentes de las instituciones de Castilla y León, entre otras.

Regeneración democrática. En cuanto a la posibilidad de que haya algunos asuntos importantes que se hayan quedado en el tintero, Delgado entiende que “se han planteado las de más peso”, máxime “desde el punto de vista de regeneración democrática”, donde “hay una batería de propuestas “muy amplias”. Asimismo, destacó que la reforma propuesta se basa, además, en fomentar el municipalismo y poner en valor los derechos sociales.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobado por Ley Orgánica el 25 de febrero de 1983 y constituye la norma institucional básica, conforme a la que se organiza la Comunidad. Desde aquel momento ha sufrido modificaciones en los años 1994, 1999 y 2007.