El equipo de Gobierno municipal sigue dando pasos en torno a la reorganización de servicios municipales y, en paralelo, al alquiler o venta de edificios de su propiedad. Y es que, como recuerda el concejal Eduardo Villanueva, en el presupuesto para este año hay muchas inversiones ligadas a la venta de patrimonio municipal, de ahí que urge adoptar decisiones al respecto.

El propio edil dio a conocer ayer que también se va a trasladar el Servicio de Instalaciones Deportivas de su ubicación actual, el edificio de la avenida del Cid, y que dicho inmueble se alquilará o venderá. «Aún no hemos decidido dónde se va a reubicar el servicio», concretó Villanueva, aunque apuntó que la mudanza se llevará a cabo este año y descartó que vaya a hacerse al edificio de la calle San Juan (ahora sede de la Audiencia), dado que allí se van a centralizar los Servicios Sociales. En concreto, las instalaciones que quedarán vacías son las plantas baja y alta;con una superficie de 200 y 520 metros cuadrados, respectivamente.

El edil realizó este anuncio el mismo día en que se llevó a la Comisión de Hacienda la modificación de la naturaleza jurídica del aparcamiento de Santocildes. En concreto, explicó que se va a cambiar la denominación«servicio público» por «bien patrimonial».

Por lo que se refiere a las plazas de garaje -construidas en 1972 cuando el Ayuntamiento cedió a la sociedad Beyre el solar donde se ubica el edificio del mismo nombre-  hay un total de 38 distribuidas en 900 metros cuadrados, donde también se ubica un almacén de servicios municipales. «Los técnicos han determinado que en esta superficie se pueden distribuir en total 54 plazas de 20 metros cuadrados cada una, más dos para motos. En total, su valor se ha fijado en 2,2 millones de euros», explicó.

Respecto al cambio de naturaleza jurídica previsto por los populares para la futura enajenación de plazas de aparcamiento en Santocildes, la edil socialista Carmen Hernando recordó ayer que para que ello sea posible la ley establece que «haya unos informes que acrediten la oportunidad de hacer dicho cambio y el hecho de que sea viable». Y como aseguró que dichos documentos «preceptivos» no se habían llevado a la Comisión de Hacienda, el grupo socialista pidió que dicho asunto quedara sobre la mesa. «Entendemos, por tanto, que el acuerdo no es legal», sentenció Hernando.