El titular de Agricultura, tiene claro que los fondos deben ir prioritariamente a las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores activos profesionales. Sin embargo, lo tiene menos claro y se muestra cauto, prudente, a la hora de opinar sobre la redistribución de las ayudas donde varias Comunidades Autónomas defienden la eliminación de los derechos históricos y corregir los actuales desequilibrios que hay entre los pagos por hectárea general e, incluso, en un mismo cultivo, según zonas o la existencia de sectores sin derecho a ayudas y lo deja al diálogo y las negociaciones con las CCAA y el sector.
Considera, además, que la venta a pérdidas es uno de los problemas más importantes que afectan a la industria agraria y alimentaria. Ve positiva la aplicación en los últimos años de la Ley de la Cadena Alimentaria, pero está decidido, vía una nueva Ley o modificando la actual de Comercio Minorista a perseguir ese tipo de prácticas. 
Asimismo, estima un uso del agua más eficiente, pero no entra en las políticas de trasvases. Mantiene que el seguro agrario es un eje de la política agraria, ve en la digitalización una apuesta para del sector y, entre sus retos, está luchar contra el despoblamiento.
 

Desde 2014, funciona la Ley de la Cadena Alimentaria con buenos resultados en materia de control de contratos y plazos de pago. Sin embargo, Agricultura no pudo incluir competencias para la persecución y penalización de las ventas a pérdidas. ¿Cómo se va a abordar esto?
Me preocupa la venta a pérdidas por su efecto contra los intereses del sector agrario y de la industria alimentaria. Voy a abordar esa situación con una nueva ley o modificando la actual. Bruselas tiene en marcha la aprobación de una directiva contra las prácticas comerciales desleales.

Competencia se ha convertido en un escollo para la renta el sector agrario poniendo pegas hace unas semanas a la organización de la oferta en origen, valorando en 2015 como positiva la venta a pérdidas, oponiéndose al etiquetado de la leche en origen hace unos meses, mientras el sector denuncia que no aborda la concentración de distribución, fertilizantes, agroquímicos, semillas. ¿Habrá un entendimiento?
La CNMC tiene sus competencias y es lógico que trate de cumplirlas estrictamente, pero en Agricultura tenemos las nuestras y vamos a defender los intereses del sector. En esta línea, habrá etiquetado de origen para la leche a pesar de las recomendaciones en contra del organismo.

¿Qué plantea España de cara la reforma de la PAC? 
En una primera fase de las negociaciones que se celebrarán hasta el verano de 2019 vamos a defender el mantenimiento de los actuales fondos, que para España son unos 44.000 millones de euros que suponen casi el 30% de la renta agraria, y para el apoyo al desarrollo rural desde la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. En España, Agricultura, Comunidades Autónomas y las organizaciones del sector mantenemos una posición unitaria en este sentido y, en el marco comunitario, España fue pionera, junto con Francia, en la formación de un grupo, hoy  con 20 países, en la defensa de un presupuesto suficiente para poder cumplir esos objetivos.

¿Cómo entiende que debería ser su aplicación en nuestro país?
Vamos a apoyar en la distribución de los fondos a las pequeñas y medianas explotaciones, a quienes ejercen y viven de la actividad agraria y utilizar los mecanismos que se contemplan para hacer un reparto de los recursos, siempre contando con las Comunidades Autónomas y de las organizaciones agrarias y de las Cooperativas, pero sin que los cambios puedan dar un vuelco a la actividad empresarial de las explotaciones que también requiere estabilidad. La propuesta limita las ayudas a los 100.000 euros y modular las mismas desde los 60.000 euros. 

En la aplicación de la PAC actual decidieron las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial y las OPAS fueron invitadas a conocer los resultados. ¿Cambiará esto en la próxima reforma? ¿Qué papel puede jugar ahora el Consejo Asesor Agrario?
Las autonomías tienen su responsabilidad a la hora de fijar los criterios en la distribución de los fondos y hay un órgano para su debate. Pero, se trata de un asunto que afecta directamente a los agricultores y ganaderos y, por ello, los mismos deben jugar también un papel de protagonista a la hora de su aplicación vía el Consejo Asesor Agrario.

La nueva propuesta de reforma contempla su descentralización y aplicación en base de planes nacionales. ¿Hay riesgo de que haya 27 PAC en la UE. En España podría haber alguna con programa autonómico como piden Cataluña, País Vasco y Andalucía?
La PAC ha sido durante 60 años la política más importante en la UE y debe seguir siendo por lo que supone para los productores, los consumidores y para el territorio. Ha sido y debe seguir como una política común. En España, habrá solamente un plan nacional donde se incluya el primer y el segundo pilar, ayudas directas y mercados por un lado y, desarrollo rural, por otro.

Terceros países en defensa de sus productores o industriales, caso de Estados Unidos con la aceituna, impulsan la aplicación de aranceles o mayores exigencias fito o zoosanitarias al margen de la Organización Mundial del Comercio. Pero, en la propia UE existe una corriente en varios Estados exigiendo el etiquetado del origen como una forma de apoyar a su sector frente los productos de otros países socios.
Es bueno que los consumidores sepan el origen de sus artículos y de los componentes de un producto elaborado. Pero no creo que con carácter general no se pueda hablar por ello de protección del mercado.

España en su día pudo, y no lo hizo, exigir que figurase el origen de la miel en el etiquetado. ¿Qué opina?
Es un tema que me interesa y sobre el que voy tomar una decisión.

El campo no celebra elecciones a nivel estatal desde 1976. ¿Cómo piensa actuar con la cuarta sigla, Unión de Uniones, hoy no reconocida?
No creo que sea hoy un problema clave para el sector agrario con todo lo que tenemos por delante. Por lo demás, yo estoy abierto al diálogo con todos los interlocutores.

La gestión de riesgos ha pasado a ocupar un lugar importante en la PAC como consecuencia del cambio climático. En España funciona ya el seguro agrario, pero con las subvenciones congeladas en los últimos años se ha registrado una fuerte subida de las primas.
El seguro agrario es uno de los ejes de la política agraria y más en este momento cuando crece la demanda de pólizas y de capital contratado. Las ayudas de la Administración central han pasado en unos años de unos 300 a los 211 millones actuales. Mantenemos los apoyos al seguro agrario y, si los fondos asignados no son suficientes, se pueden articular mecanismos de créditos para disponer de los recursos suficientes.

El sector agrario, con más del 60% del consumo, sigue siendo el principal usuario del agua, a pesar de los ahorros logrados en los últimos años con los planes de modernización. ¿Cree que se emplea con eficiencia? ¿Qué estrategia plantea?
Se han dado pasos muy importantes en el uso del agua con mejoras y la modernización de estructuras en los últimos años. Vamos a continuar con esa política para lograr un uso más eficiente del agua como un recurso escaso. La política de trasvases no es competencia del Ministerio.

La oposición aprobó una ley por la que se contempla la posibilidad de que las eléctricas asuman la firma de contratos de temporada en los regadíos y que los usuarios dejen de pagar todo el año el término potencia. ¿Cómo se encuentra disposición tan demandada? 
No se ha producido su desarrollo. De todas formas, si esa modificación no lograron sacarla adelante gobiernos anteriores de diferente signo, debe existir algún problema añadido que hemos de analizar.

Bruselas lleva años impulsando la incorporación de los jóvenes. Sin embargo, los resultados no han sido los deseados. ¿No se debería abordar el problema desde la perspectiva de la vida y los servicios en el medio rural y no solamente desde las ayudas a la instalación?
Luchar contra el despoblamiento rural es un reto para este departamento y, efectivamente, se ha puesto de manifiesto que para el relevo generacional no solo son importantes las ayudas. Hay que dar respuestas para hacer un medio rural más atractivo, con más servicios y, para ello, deben entrar en juego también otros departamentos.

¿Cómo valora la presión sobre el sector agrario para la limitación o la prohibición de productos fito o zozo sanitarios? 
Es necesario producir más, pero con el respeto al medio ambiente, al cambio climático en el uso de ese tipo de productos. Pero no se puede denomizar ningún sector.

¿Cree existen los controles suficientes en toda la UE en materia sobre productos vegetales o animales para evitar la entrada de nuevas enfermedades?
La UE es hoy como una casa con 27 ventanas abiertas donde es preciso realizar los máximos controles para evitar problemas en las producciones vegetales y en las cabañas ganaderas. Por ejemplo, me preocupa la importación de jabalíes para los cotos de caza desde algunos Estados donde se han producido brotes de peste y debemos extremar los test.

Crecen las macro granjas, sobre todo en porcino, y cada vez son menos las explotaciones extensivas ligadas al campo. ¿Qué opinión le merecen?
Instalar una macro granja es una decisión en el marco de la libertad empresarial siempre que cumpla con las exigencias en materia de medio ambiente, vertidos,... y sanidad animal que es lo importante para evitar problemas que han tenido otros países con fuerte peso en las cabañas ganaderas intensivas.