Solicitan al juez la paralización de las ejecuciones hipotecarias que tienen cláusulas abusivas

R.L. / Miranda
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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se dirigió ayer a los juzgados de Miranda para entregar unos escritos en los que solicita la paralización de los procesos de ejecución hipotecaria en los que exista algún tipo de cláusula abusiva. El colectivo se suma, de esta manera, a una campaña de índole estatal para denunciar la actual ley hipotecaria española, impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Alrededor de una veintena de personas tomó parte en este acto en el que, tras leer un comunicado, se registraron hasta 21 escritos similares -cada uno firmado por una persona- dirigidos al juez decano de la ciudad. «Lo que queremos es que los juzgados se fijen en cada caso de ejecución hipotecaria si en las hipotecas existen cláusulas abusivas o alguna ilegalidad, y si es así que lo estudien y paralicen el proceso», declaró Olivia Caetano, portavoz de la PAH. 
Se amparan tanto en la sentencia del caso Aziz, en la que se declaró que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario al Derecho Europeo, como en la reciente sentencia Sánchez Morcillo contra BBVA, que dictamina que la norma española  no solo viola la Directiva 93/13 en lo referente a la protección de los consumidores, sino que además es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, y aumenta la desigualdad entre profesional y consumidor, y por no suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria ni en apelaciones ni en procedimientos ordinarios. 
La PAH de Miranda trabaja ahora mismo con dos casos de estas características, aunque  en ambos ya se ha subastado la vivienda. No obstante, entienden que esta «es una medida que se debe tomar para todo el mundo, también para los que no se hayan acercado a la plataforma. Se tiene que cumplir la ley», enfatizaron, una ley que la PAH tacha de «criminal» y con la que «tanto PP como PSOE han dado la espalda a las personas y han protegido sistemáticamente los intereses de las entidades financieras». Por ello, exigen cambios que «realmente protejan los derechos de los ciudadanos». Según sus datos, desde 2007 se han realizado 550.000 ejecuciones.