Los promotores inmobiliarios han presentado una enmienda al proyecto de decreto ley regional de medidas urgentes en materia de vivienda, actualmente en tramitación parlamentaria, para eliminar la propuesta de reducir hasta un 20% en el precio final de las VPOde promoción privada; una rebaja que, consideran, «las situaría por debajo del precio de coste y dañaría aún más a un sector muy afectado por la crisis económica».  

En Burgos, según detalla el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, Gonzalo López Recio, hay un parque cercano a las 600 VPOprivadas, distribuidas principalmente en los sectores S-3, S-4 y en el de la antigua estación de ferrocarril. Su proceso de venta es aún «lento» porque todavía no han entrado en vigor las medidas urgentes adoptadas por la Junta de Castilla y León que, por lo general, han sido bien acogidas por el sector promotor local.

Entre ellas, destacan la apertura del mercado de las VPOa los compradores que antes lo tenían restringido (por capacidad de renta, por poseer otra vivienda, entidades financieras o fondos de inversión), con la condición de ponerlas en alquiler durante al menos cinco años a los demandantes de vivienda protegida, unas 7.600 unidades familiares en la provincia, según consta en el registro público de VPO.

La enmienda impulsada por los promotores inmobiliarios viene respaldada por un acuerdo del diálogo social alcanzado a principios de octubre por la Junta de Castilla y León, la patronal Cecale, UGT y CCOO.

Según matiza Pedro García, secretario de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, la enmienda no hace referencia a la rebaja del 20% de las VPOpúblicas, promovidas por la Junta y ayuntamientos (unas 1.200 en Burgos), sino a las impulsadas y gestionadas por los promotores privados. Estas VPO tienen una serie de condicionantes para el promotor -también ayudas y beneficios que han ido desapareciendo- y un precio máximo de venta cerrado «que lleva varios años sin variar». El objetivo del sector es que este precio máximo previsto en la calificación definitiva de la vivienda «se mantenga» y no se condicione, mediante la rebaja propuesta, a las promociones ya en venta ni se genere una incertidumbre «a futuro» sobre este ámbito que ya de por sí tiene «poca actividad». Recordemos que los promotores privados están obligados a destinar un porcentaje del suelo a VPO.

Carácter social

La enmienda cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGTy CCOO, pues también incluye otras propuestas de carácter social para la mejora del decreto ley, como la ampliación de listado de colectivos de especial protección en el acceso a las VPO«a las personas con ingresos más reducidos y a las que estén sometidas a procesos de regulación de empleo».

El documento en tramitación   incluye, entre otros colectivos, a las familias en las que todos sus miembros estén en paro y a los deudores hipotecarios que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, con resultado de lanzamiento.

 Asimismo, el acuerdo del diálogo social aboga por un desarrollo específico en Castilla y León del nuevo plan estatal de fomento del alquiler, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

La enmienda plantea además que la duración del régimen legal de protección para las VPO sea de 15 años, tanto para las de promoción pública como para las privadas, para las que el proyecto legislativo mantiene los 30 años.