Salinas de Rosío es la que figura en primer lugar. Villarías la que cierra el listado. Y entre medias, otras 28 entidades locales menores que no han rendido la cuenta general de 2013, según la información facilitada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Ocho meses después de la fecha límite en la que en teoría debían haber cumplido con su obligación, esta treintena de pedanías ni siquiera las han presentado tarde (como ocurrió con un numeroso grupo de la provincia). Simplemente no constan.

A estas se les sumarían otras cinco si tenemos en cuenta las 24 (muchas coinciden) que no han presentado la liquidación del presupuesto de 2013 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Todas ellas, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, están amenazadas de disolución.

Fuentes consultadas tanto en la Diputación Provincial como en el Consejo de Cuentas coinciden en señalar que todas ellas han sido advertidas. Desde este último se apunta que en abril de 2014 remitieron 4.105 correos electrónicos a 2.075 entidades locales de toda la región, «informando de la apertura de la plataforma de rendición y recordando las obligaciones legales al respecto, así como sus posibles consecuencias». Además, en septiembre del mismo año se envió un recordatorio por escrito a las 1.368 entidades locales menores que en ese momento aún no habían rendido sus cuentas. Y por si esto fuera poco, también en septiembre de 2014 hubo jornadas informativas en diversas provincias, entre ellas Burgos.

Aun así, la idiosincrasia de la geografía provincial o las circunstancias de los propios alcaldes pedáneos, muchos de los cuales ni siquiera viven en la localidad que representan, ha dejado a varias entidades sin cumplir con la norma. Y en la Diputación o en el Consejo de Cuentas incluso piensan que alguna apostaría por su desaparición, o al menos no le importaría.

No es el caso de Olmosalbos, donde su alcaldesa pedánea, María Jesús Palacios, dice que no le gustaría convertirse en un mero barrio de Revillarruz «aunque solo sea por una cuestión histórica», pese a que admite que no maneja presupuesto propio. Palacios creía que su localidad había cumplido con la ley, o al menos eso entendió ella tras hablar con la secretaria de su municipio de referencia, pero se ha enterado por este periódico de que figura en la ‘lista negra’ de incumplidoras.

Consecuencias. En teoría, podrían desaparecer en el momento en que el Gobierno quisiera iniciar el procedimiento. Dice la mencionada Ley de Racionalización que la disolución sería «acordada por decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada».

Por el momento nada se sabe de que la Junta de Castilla y León haya realizado movimientos al respecto, teniendo en cuenta además el momento político (seguimos en año electoral hasta que pasen las generales) y las sensibilidades que una decisión así herirían en las entidades afectadas.

Preguntado por la posible desaparición de pedanías el presidente de la Diputación, César Rico, recuerda que este trámite no supondría su eliminación física sino solo como figura jurídica, aunque admite que en la provincia de Burgos «existe mucho arraigo al municipalismo y el hecho de que puedan desaparecer esos nombres afecta a las personas por el apego que tienen a sus localidades».

La obligación de rendir cuentas no acabó el 31 de diciembre pasado. Será una constante a partir de ahora y el próximo plazo vence el próximo 31 de octubre, cuando los ayuntamientos deben presentar la documentación correspondiente al ejercicio 2014. De nuevo les toca ponerse las pilas.