Ocho años y medio en estado de provisionalidad. Eso es lo que lleva el Archivo Histórico Provincial en la calle Antonio de Cabezón, desde que los fondos salieron de la antigua Casa de la Cultura de San Juan en diciembre de 2004. Allí compartían edificio con la Biblioteca Pública, que hace unos meses fue reubicada en el solar tras la construcción de un nuevo edificio, pero las necesidades de espacios y la conveniencia de la modernización de ambos servicios aconsejó su separación en dos inmuebles distintos.

El Ministerio de Cultura decidió que separaría el préstamo y la consulta de libros de la custodia e investigación de documentos históricos. Para este último, aunque se barajaron varias alternativas, ya se hablaba hace 9 años de alguna parcela en el entorno de la Universidad.

El proyecto dio mil vueltas. Primero se iba a construir un edificio nuevo, luego no, con los dos servicios juntos, luego separados. Al final, separados y con el archivo en una parcela junto a la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos. Cambió el Gobierno, pues primero el PP cedió el testigo al PSOE y después han vuelto a ser los populares los responsables de la cartera. Y tras todos esos avatares, hoy en día el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes todavía está en proceso de estudiar «la idoneidad de la parcela» cedida por el Ayuntamiento de Burgos, después de que este último a su vez la recibiera de manos de la Universidad.

Fuentes oficiales explican que los técnicos están «en la fase de estudio de las condiciones técnicas del solar», un paso administrativo «que no puede obviarse», añaden. No hay previsiones de plazo ni para la conclusión de estos informes ni, por consiguiente, para que el Ministerio inicie de una vez por todas la redacción del proyecto de una dotación que se está eternizando.

La constatación de que el expediente prosigue con un ritmo desesperante llega tres meses después de que el Ayuntamiento de Burgos, en el Pleno de enero, aprobara definitivamente (tras otros cuantos retrasos y dos informes contradictorios) el estudio de detalle de la parcela. Coincidiendo con ello, el PSOE llevó a aquella sesión una proposición encaminada a urgir al Estado que vuelva a dotar de dotación presupuestaria a las obras y todos los partidos lo apoyaron. El concejal socialista Antonio Fernández Santos, encargado de defender la propuesta del PSOE en aquella sesión, recalca que la ausencia de partida es una prueba de la «nula influencia del PP local en el Gobierno de España».

Desde entonces no habíamos tenido noticias del Ministerio, que oficialmente en los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Burgos no reserva ni un solo euro para acometer el Archivo después de que haya desaparecido una partida que en años anteriores sí que figuraba (en los de 2012 se había reducido a solo 50.000 euros). Entre la falta de dinero y la lentitud administrativa, el proyecto parece condenado durante unos cuantos años más.

Si el traslado de los fondos del archivo y la biblioteca se remonta a ocho años y medio, el derribo de la Casa de Cultura cumple este año cinco y hace justo cuatro que el Ministerio de Cultura daba por recibida la parcela. En abril de 2009, en declaraciones a este periódico, el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, apuntaba que a partir de entonces empezaría a elaborarse el programa de necesidades para iniciar las obras al año siguiente. Evidentemente, la realidad le ha desmentido.

previsión de 8 millones. En las previsiones ministeriales se hablaba de un coste de 8 millones de euros para el edificio (según una respuesta parlamentaria de principios de 2010), cantidades que entonces no alarmaban a nadie pero que ahora se antojan enormes. Y se hablaba de entre 40 y 50 kilómetros de estanterías «para dar respuesta al volumen de archivo actual y a las previsiones para los próximos 20 o 25 años».

Al enrevesamiento del discurrir de este proyecto contribuyó también Patrimonio de la Junta de Castilla yLeón, que un año y medio después de recibir la documentación por parte del Ministerio de Cultura informó favorablemente el estudio de detalle a finales de 2011, aunque puso algunas pegas a los accesos y concretamente a una rotonda que afecta al Camino de Santiago. La ruta jacobea discurre por esa zona y precisamente por eso tuvo que informar Patrimonio.

Tanto se está tardando en resolver el nuevo Archivo Histórico Provincial (que por otra parte no debería ser más complejo que cualquier otro edificio de nueva construcción, y desde luego más sencillo que una rehabilitación) que incluso caducó la cesión de la parcela inicialmente efectuada por la UBU al Ayuntamiento.

Fue este pasado mes de enero cuando se cumplió el plazo de 5 años otorgado desde la firma del convenio entre Universidad y Consistorio (que data de 2008) pero el propio rector, Alfonso Murillo, ya advirtió unos meses antes que no reclamaría la devolución del terreno. Al menos introdujo un factor de tranquilidad, porque de haber solicitado la reversión el lío administrativo ahora sería fenomenal.

Al mismo tiempo que la atención al público se trasladó ‘provisionalmente’ a la calle Antonio de Cabezón, una parte de los fondos fueron alojados en unas naves del polígono industrial de Villalonquéjar. Allí han sufrido al menos dos inundaciones señaladas, una por un fallo en el sistema contra incendios y la segunda por una tromba de agua. Resultaron perjudicados documentos, revistas, libros o soportes informáticos y algunos se perdieron, pero la administración nunca informó con detalle de los daños.