Urgen un informe para avanzar en la expropiación de la Torre

R.C.G.
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Hernando ha solicitado al jefe de Servicios y Proyectos del Ayuntamiento que se pronuncie en un plazo de diez días sobre la servidumbre de uso público del complejo residencial

El equipo de gobierno no quiere que el proyecto de expropiación de parte de los terrenos de Torre de Miranda para abrir una nueva entrada por la calle Recoletas se siga dilatando. Desde que la iniciativa fue aprobada el pasado mes de  abril en un Pleno gracias a la abstención de Ganemos, el tema se encuentra en punto muerto. 

Por este motivo Aitana Hernando ha requerido al jefe del servicio técnico de Servicios y Proyectos para que emita con urgencia, en un plazo máximo de diez días, el informe necesario para avanzar en el proceso. En el escrito se recalca la necesidad de continuar con la tramitación del expediente a la mayor celeridad posible. Una vez que se tenga la valoración técnica sobre la adquisición de la servidumbre de uso público del complejo residencial, la intención de la alcaldesa es agilizar la ejecución de un proyecto que ha generado mucha polémica y que podría acabar en los tribunales ya que los vecinos afectados han anunciado su intención de recurrir a la vía judicial. 

Los motivos alegados por el PSOE para llevar a cabo esta obra   se basan principalmente en la seguridad, ya que de esta forma se eliminaría el tráfico rodado por el parque Antonio Machado, y en la obligación de cumplir con lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. 

Para ello tiene reservada una partida de 90.000 euros para la expropiación, con la que en parte se compensará económicamente a quienes pierden sus plazas de aparcamiento. 

Sin embargo, ni los vecinos de Torre de Miranda ni el resto de formaciones políticas que componen la oposición (a excepción de Ganemos) comparten los argumentos esgrimidos por los socialistas ya que entienden que existen formas menos dolosas de eliminar el paso de vehículos por el parque y que el procedimiento no se ha llevado a cabo de la forma adecuada.  Pero sobre todo la queja más repetida es que no existe un interés general que justifique la expropiación. 

De hecho los vecinos siempre han denunciado que la alcaldesa está cediendo a los intereses particulares de los propietarios de los garajes del número 23 de calle La Estación, que han sido quienes han presentado un escrito en el que piden al Ayuntamiento que cumpla con las obligaciones del PGOU. 

En ese sentido Hernando ha manifestado en más de una ocasión que la apertura de una nueva entrada por calle Recoletas es algo que debería haberse realizado hace tiempo pero «nadie quería meterse en ese berenjenal». Por eso espera que en caso de que el tema llegue a los tribunales, la vía judicial no frene el proyecto ya que según la opinión de los expertos legales consultados por la administración local los recursos no suelen suspender los procesos administrativos salvo que lo pida expresamente un juez como medida cautelar.