La resaca de la V de la Diada continúa y no parece ni mucho menos pasarse ni la euforia bajar. Así, justo el día en el que un rotativo nacional publicaba una entrevista con el de ERC y socio preferente del president, Artur Mas, Oriol Junqueras, en la que proclamaba una vez más que había que saltarse la legalidad, su portavoz en el Govern, Francesc Homs, cruzaba ligeramente la línea roja de la sedición con una frase contundente y retadora: «Sería un error ponernos en manos del Tribunal Constitucional». Ytodo para señalar que su jefe firmará el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre entre uno y tres días después de que el Parlament apruebe la Ley de consultas, previsiblemente el próximo viernes.
Tras reiterar en un medio regional que para la Generalitat no hay alternativa a la consulta, concluyó que el desarrollo del proceso debe decidirse desde Cataluña.
Así, sostuvo que el Gobierno central «está rompiendo el principio de legalidad, porque hacen un uso partidista de la ley», afirmando textualmente que le da la sensación de que en el Estado español no hay lugar para la democracia. «¿Por qué tienen que ser ellos quienes determinen qué es legal o no? ¿Y la comunidad internacional no tiene nada que decir? Ya lo veremos», amenazó.
Curiosamente, ese amparo extranjero no lo ha encontrado aún Mas, que lleva casi dos años buscando apoyos y realizando viajes por todo el mundo, siendo recibido en la mayor parte de las ocasiones por subalternos de los mandatarios y, a menudo, viendo cerradas de par en par las puertas de los más poderosos. Parece que tampoco le sirvió de mucho al barcelonés pagar 360.000 euros a un lobby británico.
Lo que resulta evidente es que el tiempo corre en contra de la Generalitat, que parece pensar más en los eventuales comicios plebiscitarios que en un referéndum que se puede limitar a unas cajas de cartón colocadas en mesas de playa -como las celebradas anteriormente en diversos pueblos- y con unos índices de abstención altísimos, pues conviene recordar que la movilización en los municipios secesionistas no es en absoluto comparable con la de las grandes urbes. «A cada movimiento que hagan, encontraremos una respuesta», comentó desafiante.
Muy posiblemente, el dirigente de CiU se vio contagiado por el tono belicista de Junqueras, que llegó a decir:«Desobedeceremos la legalidad española pero obedeceremos el mandato que tenemos del Parlament y que nos dieron los catalanes en las elecciones de 2012». También apeló a las normas de «un Estado naciente».
Mientras, en Unió, la otra mitad de CiU, parece que no hay tantas alegrías. Así, el consejero de Interior y secretario general de UDC, Ramon Espadaler, rechazó celebrar la consulta si el Constitucional la suspende: «Saltarse la legalidad no lleva a ningún sitio».