La empresa municipal de Aguas anda revuelta. Muy revuelta. A los rumores sobre la supuesta intención del Ejecutivo local de abrirse de orejas a las ofertas de privatización parcial de su gestión que pudieran llegar, y sanear así las famélicas arcas de la ciudad, se suma ahora la investigación de una presunta actuación irregular por parte del gerente de la sociedad, José Carracedo.

El equipo de Gobierno de Javier Lacalle ha solicitado un informe a la Secretaría General para que aclare si Carracedo está habilitado por los estatutos de la empresa para tomar la decisión, sin haber informado previamente ni a la presidenta de Aguas, Carolina Blasco, ni al alcalde, Javier Lacalle, de hacer fijos a 31 trabajadores eventuales del otrora servicio municipalizado.

Además, se ha encargado seguir el tema a una funcionaria del departamento de Personal, también dirigido por Blasco, para evitar que se consume la decisión de Carracedo, decisión de la que, según confirman todas las fuentes consultadas conocedoras del caso, «se verían beneficiados familiares directos suyos y de otros responsables de la empresa en distintas escalas».

Las mismas fuentes ratifican que el enfado de Blasco y Lacalle por no haber sido informados de la decisión de Carracedo es «muy importante» y que la decisión del gerente podría estar motivada por los rumores sobre la privatización parcial. Sin embargo, dicha decisión no ha llegado a materializarse, señalan fuentes del PP.

Es más, en el transcurso de la última reunión del Consejo de Administración, Blasco solicitó que se elevaran informes al más alto nivel para dictaminar si Carracedo se había excedido en sus competencias al tomar esta decisión sin consulta previa a los responsables políticos de la sociedad y del Ayuntamiento. Será el secretario general el que ahora interprete los estatutos de la sociedad y determine ese extremo.

Si se confirma, «estaríamos ante un hecho muy grave», explican en el PP, y, si Secretaría General entiende que no hubo negligencia, los estatutos serán modificados a petición de Blasco, que no ocultó su enfado en la citada reunión tanto por la trascendencia de lo que Carracedo tenía decidido como por el hecho de que el Ayuntamiento está apretando seriamente a su plantilla en las políticas de Personal (se ha previsto una reducción para este año) y tomar una decisión así sería divergente con la situación que viven los interinos municipales, muchos de ellos en eventualidad pese a haber expirado el plazo legal para convertirlos en funcionarios.

Lo que nadie sabe o quiere aclarar es cómo tuvo conocimiento el equipo de Gobierno de Lacalle de que Carracedo había tomado esta decisión. Es más, hay incluso dos versiones sobre el punto al que llegó en vía ejecutiva dicha decisión: unos aseguran que llegó a firmar la orden para acometer el cambio. Otros que no lo hizo.

El argumento del gerente, según ha podido saber este periódico, se basó en que, toda vez que se ha culminado la transformación del Servicio de Aguas en empresa municipal, la Ley marca un plazo máximo para reconocer la condición de trabajadores indefinidos a aquellos que están en situación eventual. También hay quien sostiene que la verdadera razón es que, de llegar a producirse alguna vez la manida privatización parcial, los eventuales se verían más «expuestos» que aquellos que sí tienen plaza fija.

La puerta abierta

Blasco podría haber trasladado a Carracedo su pérdida de confianza en él y ha prometido en el seno del Consejo de Administración que, de cara a futuras contrataciones de la empresa, se seguirán los principios determinados por Ley, principios que están ahí para que se publiciten las convocatorias de plazas y se dé transparencia a todo el proceso.

La situación es, cuando menos, llamativa. Sobre todo porque Carracedo lleva trabajando para el Ayuntamiento desde mediados de los 60 y en Aguas desde el 68. Todos los alcaldes y concejales responsables del Servicio le mantuvieron en el puesto.

Este periódico se puso ayer en contacto con el aludido, que se limitó a atenerse «a lo que diga el secretario general, que es ahora quien tiene toda la información». Sobre si llegó a firmar la decisión, Carracedo se enroca en la prudencia y se limita a decir que «no quiero ni confirmar ni desmentir nada; cada uno sabrá lo que hace».

El director gerente de Aguas tiene actualmente 72 años y gobierna una plantilla que ronda los 160 empleados.