El reparto de remanentes incumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria

J.C.O. / Aranda
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El PSOE se ha pronunciado en contra de la distribución planteada por el tripartito y se opone a pagar dinero a Sepes por las parcelas cedidas para la instalación de servicios públicos

 
El grupo municipal socialista se ha pronunciado en contra del reparto de remanentes de tesorería propuesto por el equipo de gobierno y ha calificado de «vergüenza»  que el tripartito haya informado ayer  favorablemente en la Comisión de Hacienda esta propuesta y pretenda sacarla adelante en el próximo pleno pese a contar con los informes contrarios de Intervención. 
La asignación de la primera parte de este sobrante del presupuesto de 2012 por importe de 2,5 millones  ya superaba en 825.857,28 euros el límite de la regla del gasto establecido para 2013, puesto que según la normativa la diferencia de gasto entre un ejercicio y otro no debe superar el 1,7%. La nueva distribución de los 2,8 millones de euros pendientes no sólo ahonda en esta inobservancia, elevando a 2.682.749,63 euros la cuantía excedentaria,  sino que además  suma el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que establece en el trienio 2013-2015 una posición de equilibrio o superávit presupuestario, cuando el saldo presupuestario ajustado del Consistorio es de -1.708.117,40 euros.
Estos incumplimientos, como ya ocurrió con el primer reparto de remanentes, van a obligar a aprobar en pleno un Plan Económico-Financiero de reequilibrio a un plazo máximo de un año en el periodo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses.
Asimismo Intervención advierte de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que si la liquidación presupuestaria se sitúa en superávit éste se destinará a reducir el endeudamiento neto y que el equipo de gobierno no asigna ni un solo euro a la amortización anticipada de deuda, que asciende a 3.996.125,79. Un capítulo al que según la liquidación del presupuesto debería destinar 2.988.037 euros.
Sin embargo Intervención resta importancia a este incumplimiento legal, en línea con una previsible futura modificación por parte del Gobierno de la normativa encaminada a permitir que el superávit se destine a inversiones, al considerar que no parece coherente con la pretensión del control del gasto y de reducción de deuda que prima en la normativa, que la necesidad de afrontar unos gastos de inversión, todos ellos financieramente sostenibles con los recursos municipales, les lleve a devolver deuda de ejercicios anteriores referenciada al euribor más un mínimo margen del 0,02%, como el préstamo de 2000,  y verse obligados a contratar nuevos préstamos en los que dicho margen se multiplica por 300, como el de 2012, con el euribor trimestral más 5,95%. Una opción a la que podría recurrir y no va a hacer el Ayuntamiento ya que de la liquidación de 2012 se deduce un ahorro neto positivo y el porcentaje de deuda viva alcanza el 18,26% lo que le permitiría, al ser menor del 75% de los ingresos corrientes liquidados, concertar nuevos créditos a largo plazo. 
Y un cuarto reparo de Intervención obedece a que dentro de las limitaciones que la normativa presupuestaria establece, el remanente de tesorería general debiera destinarse en primer lugar al cumplimiento de las obligaciones que derivan de sentencias y autos judiciales notificados al Ayuntamiento y pendientes de ejecutar, que no es el caso, y después a los proyectos que se reflejan en las modificaciones presupuestarias.
 
críticas. El portavoz socialista en temas económicos, Eusebio Martín, lamenta que al tripartito «le traigan sin cuidado» los informes técnicos. También critica el fondo de los remanentes, especialmente los 200.000 euros  para el primer pago de los 1,4 millones que la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) reclama por la ocupación municipal de seis parcelas del polígono industrial. Martín, que advierte de que en el pasado mandato se negoció sin hablar de ningún pago, considera que la parcelas se cedieron en su totalidad para instalar servicios públicos al autorizar la instalación de los edificios y no habría que pagar nada. «Este equipo de protesta, le dicen que paguemos y vamos a pagar. Da la impresión de que están para defender los intereses de otros en lugar del de los ciudadanos de Aranda», recrimina.
Además consideran «inadmisibles» otras partidas, como los 220.000 euros para caminos «cuando en invierno no se pueden arreglar y el dinero volverá a remanentes», los 60.000 euros insuflados para gasto corriente de Festejos «lo cual demuestra o que el presupuesto estaba mal hecho o que se han gastado más de lo presupuestado».. Asimismo cuestiona que se haya anunciado el Foro Suma Emprendiendo sin tener aún la financiación -se le asignan 27.000 euros- o las convocatorias de subvenciones para ayudas al autoempleo y a la modernización del comercio, con 30.000 euros cada una. Un planteamiento que, a su juicio, abunda «en el desaguisado» del equipo de gobierno y les da argumentos más que sólidos para intentar conseguir la moción de censura. La próxima semana se reunirán con el Prcal.