Se acabó el marear la perdiz. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital ribereña no va a tener más remedio que cumplir de una vez por todas la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de 6 de septiembre de 2002 que anula el acuerdo regulador de las condiciones económicas, sociales y profesionales y sindicales de aplicación al personal funcionario municipal para los años 2000, 2001 y 2002, aprobado por el pleno del 30 de noviembre de 2000, exclusivamente en lo referente al incremento del nivel de complemento de destino de diversos puestos de trabajo y el abono de complementos específicos de la práctica totalidad de los funcionarios y de incentivos por jubilaciones anticipadas, al haber superado los porcentajes máximos de incrementos retributivos fijados por las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado del 2%.
Si hasta ahora -seis años después de que el fallo fuera firme tras ratificarlo el Supremo- los responsables municipales venían amparando la no ejecución del fallo judicial en la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones planteado por UGT y familiares de un funcionario ya fallecido por considerar que no habían sido emplazados en el procedimiento -un planteamiento que no compartían algunos socios de gobierno como el Prcal-, éste -como ya adelantó en primicia DB el 14 de septiembre- fue desestimado el pasado 3 de julio por parte de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y notificado al Consistorio ribereño el pasado 19 de septiembre.
Apenas cinco días más tarde el TSJ CyL remitía una comunicación al Ayuntamiento informando del auto del Supremo instando a que se adopten las resoluciones para cumplir el fallo, debiendo acusar recibo en el plazo de 10 días «comunicando el órgano encargado del cumplimiento de la sentencia», con lo que ya no hay vía de escape para no regularizar las cantidades percibidas indebidamente.
Recientemente, la alcaldesa Raquel González, admitía a DB el nuevo escenario judicial y reconocía que debían retomar el asunto, e iniciar el procedimiento de evaluación del importe, que asegura que ya tienen calculados los servicios municipales, y el análisis de la puesta en marcha de la sentencia.
Un cumplimiento que no tendrá una excesiva repercusión económica puesto que después de que en marzo de 2012 el pleno aprobara con los votos de PP, Prcal, CCD y UPyD, la abstención del PSOEy la oposición de IU, la ejecución de una interpretación restrictiva de este fallo, contemplando solo la devolución de los emolumentos percibidos en exceso durante el trienio 2000-2002, la cantidad total a reintegrar ronda globalmente los 460.000 euros, de los cuales 358.472,63 corresponden al complemento específico y 100.901,05 euros al complemento de destino.
Un criterio en base a un informe realizado por el secretario municipal, afectado por la sentencia, que discrepa con la interpretación de IU que considera que también deberían tenerse en cuenta que los años siguientes a 2002 no se regularizan y ni actualizan las nóminas a lo que legalmente deberían percibir, y también deberían ser devueltas esas cantidades. Una cifra que a fecha de 22 de noviembre de 2010 se fijaba en 2.829.918,11 euros y que ha seguido engordándose en estos tres años al no haberse corregido.
El concejal de Personal, Máximo López, reconocía a DB que ante la tesitura planteada ya únicamente queda negociar con los representantes sindicales y los afectados los plazos para proceder a la devolución de las cantidades percibidas de más. Un proceso que está previsto iniciar con carácter inminente. «Se trata de hablar sobre la forma de cumplir la sentencia, porque el fondo está claro y no hay negociación posible. Algo tan claro como si se retiene del sueldo de un año, de dos o cómo lo hacemos», explica.
Un acuerdo que espera minimice sensiblemente la avalancha de recursos individuales que sería de prever por parte de los 120 funcionarios afectados, a los que se debe dar trámite de audiencia.